La jornada electoral celebrada el 8 de marzo de 2026, en la que se definía la composición del nuevo Congreso y las consultas presidenciales interpartidistas, en el municipio de Chimá, en el Departamento de Córdoba, quedó marcada por una alerta emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil al cierre de urnas.
Las autoridades han señalado el riesgo latente que supone que individuos sin la debida acreditación se identifiquen como parte del proceso, en medio de una jornada que todavía mantiene la atención de la comunidad local.
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Por medio de la cueta de X de la entidad, así se presentó el aviso: “#AEstaHora se presenta una situación en el puesto de votación Corosalito, ubicado en el municipio de Chimá, Córdoba, donde personas que se identifican como testigos electorales, pero que no cuentan con la respectiva acreditación, amenazan con generar una asonada”, informó la entidad.
Tras el cierre de la votación, la Registraduría advirtió la existencia de posibles disturbios relacionados con la presencia de supuestos testigos electorales falsos.
De igual manera, la entidad informó sobre hostigamientos de grupos guerrilleros en la Institución Educativa Caño Blanco II en la sede El Boquerón, localizada en el corregimiento de Charras, municipio de San José del Guaviare.
Según los reportes iniciales, las inmediaciones del recinto educativo se vieron impactadas por la acción de actores armados irregulares: “se reportan posibles hostigamientos de grupos guerrilleros“.
Autoridades locales verifican los hechos denunciados y evalúan posibles afectaciones en la zona escolar.
El registrador nacional reportó por lo menos 30 intentos de suplantar la página web de la Registraduría
La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia enfrentó 30 intentos de suplantación digital y ataques provenientes de hasta 300 millones de direcciones IP durante la jornada electoral.
A pesar de estos desafíos tecnológicos, la transmisión y publicación de los resultados comenzó puntualmente y bajo condiciones de normalidad en los canales oficiales, según informó el registrador nacional Hernán Penagoss.
Penagos señaló que entre 100 y 300 millones de direcciones IP participaron en los intentos de ciberataque contra la infraestructura digital de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un volumen que calificó de alarmante. Además, denunció que hubo 30 intentos de suplantar el portal oficial y 60 perfiles de Internet se emplearon para difundir información falsa sobre la entidad electoral.
Mientras tanto, las Fuerzas Militares y la Policía colombianas incautaron miles de millones por delitos electorales relacionados con compra de votos y otras irregularidades detectadas en departamentos como Amazonas, Guainía, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Atlántico. Penagos subrayó que estos hechos no lograron alterar la voluntad colectiva de los votantes.
El registrador especificó que esta jornada fue la primera de tres previstas en el calendario electoral de 2026, que incluye la primera y la segunda vuelta presidencial.
Afirmó: “Alrededor de la jornada se reportaron incidencias, con delitos electorales. Casi $4.000 millones se incautaron las Fuerzas Militares y de Policía, por hechos que ocurrieron en Amazonas, Guainía Guaviare, Norte de Santander, Santander y Atlántico. Estos hechos de ninguna manera la intención de las mayorías”.
El proceso electoral involucró a 41.287.084 ciudadanos habilitados para votar y, según Penagos, se garantizó la transparencia y la normalidad en toda la jornada, pese a dificultades como el traslado de puestos en Córdoba por la ola invernal y casos aislados de orden público en municipios de Nariño y el sur de Bolívar.
El registrador Penagos reconoció el papel de los jurados electorales y pidió respeto por los tiempos necesarios para el conteo de votos, asegurando que la transmisión de resultados se haría con tranquilidad y en tiempo real.
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