El hallazgo de más de 20 toneladas de ácido clorhídrico en la granja Valle del Oro ha encendido las alertas de las autoridades en el Valle del Cauca.
La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez Parra, en un comunicado oficial de la entidad difundido a la opinión pública el 7 de marzo de 2026:
“Vamos a analizar la situación del depositario y tomar las medidas correctivas, que incluso podrían llegar a su remoción. Asimismo, estamos haciendo seguimiento a los depositarios que administran bienes de la SAE en diferentes regiones del país”.
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Durante el operativo, dirigido por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, una persona identificada como Nelson González fue localizada en el lugar.
Según información de las autoridades, llevaba más de 20 años ocupando el predio de forma irregular. Esta actuación permitió descubrir el ácido en un inmueble que integra más de 600 activos vinculados a procesos de extinción relacionados con el clan de Hélmer Herrera Buitrago, conocido como alias Pacho Herrera.
La SAE ha instado a la justicia a investigar los mecanismos empleados para ocultar los insumos. La entidad planteó dudas sobre si las instalaciones de la empresa arrendataria, en especial los galpones, fueron modificadas con ese fin.
El predio fue entregado a un depositario provisional en 2016, y tres años después se concretó un contrato de arrendamiento con Pollos El Bucanero S.A, que, según lo reportado, se mantenía “vigente y al día en sus obligaciones contractuales”.
La institución subrayó su posición sobre la gestión de estos bienes, remarcando el objetivo de impedir que “estos activos permanezcan al servicio del Estado y que no vuelvan a ser utilizados para actividades ilegales, en el marco de la lucha contra las economías ilícitas y el fortalecimiento de la legalidad en los territorios”.
Exnarcotraficantes denuncian que testaferros se quedaron con bienes en procesos de extinción de dominio
Una presunta red de corrupción en la Fiscalía General de la Nación permitió que testaferros se quedaran con bienes del narcotráfico en procesos de extinción de dominio durante más de una década, reactivando debates sobre la transparencia en la gestión de estos activos y dejando a decenas de personas en un limbo jurídico, según denuncias respaldadas por exnarcotraficantes, expedientes oficiales y material probatorio aportado tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Uno de los aspectos más señalados por los denunciantes es los retrasos injustificados en la extinción de dominio sobre propiedades vinculadas al narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia documentó la prolongada dilación de uno de los procesos emblemáticos, exigiendo en sentencia citada por el medio Semana que se resolviera en un plazo máximo de doce meses.
Tras la advertencia judicial, el fiscal responsable ofreció públicamente disculpas y negó haber actuado con intenciones irregulares. El expediente permaneció once años en pausa y solo se reactivó entre 2023 y 2024, lo que mantuvo a múltiples afectados bajo medidas de embargo desde 2013.
El epicentro del escándalo es el denominado Macrocaso Meyendorff. Este proceso de extinción de dominio abarca un patrimonio calculado en 1,2 billones de pesos y cerca de 205 bienes inmuebles, propiedad del exnarcotraficante Juan Fernando Álvarez Meyendorff.
Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado allí, denunció en 2017 desde una prisión en Nueva York que no todos los bienes que confesó habían sido incorporados al proceso iniciado en 2013. Detalló que una parte permanecía bajo control de testaferros con presunta complicidad de funcionarios colombianos, según la denuncia original ante la Fiscalía y posteriormente ante autoridades estadounidenses.
En declaraciones juramentadas recogidas en agosto de 2025 por la revista Cambio, Álvarez Meyendorff señaló: “Denuncié el lavado de activos por parte de la Fiscalía al permitir que el testigo se quedara con los bienes producto del narcotráfico que yo confesé en Estados Unidos, permitiéndole continuar con la titularidad de estos predios, los cuales fueron vendidos y cuyo dinero fue invertido en Estados Unidos”.
Actualmente, parte significativa del patrimonio incautado es administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), aunque muchos inmuebles permanecen en abandono, deterioro o bajo custodia de depositarios. Otro segmento, de acuerdo con los señalamientos, habría sido objeto de intercambios irregulares entre testaferros y funcionarios, mientras un bloque adicional sigue en litigio judicial.
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