Organizaciones civiles advierten riesgos democráticos por declaraciones de Petro sobre fraude electoral

Varias organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del sistema electoral colombiano, según información obtenida por Blu Radio. Los pronunciamientos se produjeron después de una alocución presidencial en la que el mandatario volvió a cuestionar el funcionamiento del proceso electoral a pocos días de las elecciones.

Las organizaciones, agrupadas en la Alianza por la Democracia, señalaron que las afirmaciones del jefe de Estado podrían generar dudas sobre la legitimidad del sistema democrático y afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar los comicios, citado por Blu Radio.

En un comunicado público, advirtieron que las declaraciones del mandatario son “irresponsables y peligrosas”, al considerar que desde su posición institucional debe contribuir a fortalecer la estabilidad democrática y la credibilidad de las reglas electorales, citado por ese medio de comunicación.

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Las organizaciones que integran la Alianza por la Democracia señalaron que los cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el sistema electoral pueden generar efectos negativos en el ambiente político, especialmente cuando se realizan en la etapa previa a una jornada electoral. Según indicaron en su pronunciamiento, sembrar dudas sobre la integridad del proceso podría contribuir a la desinformación y aumentar las tensiones políticas en el país.

En el comunicado, las organizaciones también mencionaron antecedentes internacionales para advertir sobre los riesgos que pueden surgir cuando líderes políticos cuestionan los resultados electorales o la transparencia del sistema sin que existan pruebas concluyentes. En ese contexto, recordaron las acusaciones de fraude electoral realizadas por el expresidente estadounidense Donald Trump tras las elecciones de 2020, un episodio que derivó en un clima de fuerte polarización política en ese país.

El documento también menciona el caso de Brasil, donde los cuestionamientos al sistema electoral formulados por el expresidente Jair Bolsonaro antes y después de los comicios de 2022 fueron seguidos por episodios de ataques contra instituciones democráticas ocurridos en 2023. Según las organizaciones firmantes, estos antecedentes internacionales evidencian los riesgos que pueden surgir cuando se debilita la confianza en los procesos electorales.

Además del debate sobre el supuesto fraude electoral, el pronunciamiento de la Alianza por la Democracia también se refirió a las críticas del presidente Petro sobre el preconteo electoral. En su intervención pública, el mandatario calificó este procedimiento como ilegal y lo describió como un gasto innecesario dentro del sistema electoral.

Frente a estas afirmaciones, las organizaciones explicaron que el preconteo es un mecanismo informativo que permite conocer tendencias preliminares el mismo día de las elecciones. Según señalaron, este proceso se realiza con base en los formularios E-14 firmados por los jurados de votación y por los testigos electorales presentes en cada mesa.

En ese sentido, indicaron que el preconteo no tiene efectos jurídicos ni constituye una declaratoria oficial de resultados electorales. De acuerdo con la explicación incluida en el comunicado, los resultados definitivos únicamente se determinan durante el proceso de escrutinio, el cual es realizado posteriormente por jueces de la República y autoridades electorales.

Las organizaciones también señalaron que confundir el preconteo con el escrutinio puede inducir a error a la opinión pública, ya que se trata de procedimientos diferentes dentro del sistema electoral colombiano. Mientras el preconteo tiene un carácter informativo, el escrutinio es el proceso formal mediante el cual se consolidan y validan los resultados oficiales de las elecciones.

Otro de los puntos abordados en el comunicado fue la propuesta del presidente Petro de promover una impugnación masiva de mesas electorales. Según las organizaciones de la sociedad civil, los recuentos o impugnaciones de mesas deben realizarse únicamente cuando existe una justificación específica, como inconsistencias matemáticas significativas, enmendaduras en los formularios o dudas técnicas en el conteo de los votos.

En su pronunciamiento, las organizaciones advirtieron que promover impugnaciones generalizadas podría generar un impacto en el funcionamiento de las comisiones escrutadoras encargadas de revisar los resultados electorales. Según indicaron, una avalancha de solicitudes de este tipo podría retrasar la consolidación de los resultados oficiales y generar dudas injustificadas sobre la voluntad expresada por los votantes.

El comunicado también abordó las inquietudes planteadas por el presidente sobre el código fuente del software utilizado en el sistema electoral colombiano. Según explicaron las organizaciones, este componente tecnológico puede ser auditado por partidos políticos, campañas electorales, movimientos ciudadanos y organismos de observación electoral.

Estas auditorías incluyen el acceso al código fuente del sistema, la participación en simulacros del proceso electoral y la presencia de testigos técnicos durante el procesamiento de los resultados. De acuerdo con las organizaciones firmantes, estos mecanismos buscan garantizar la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral.

Finalmente, la Alianza por la Democracia señaló que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples controles institucionales diseñados para garantizar la transparencia del proceso. Entre ellos mencionaron la presencia de jurados de votación, testigos de los partidos políticos, el escrutinio público de los resultados, la supervisión judicial y las auditorías técnicas realizadas al sistema.

Las organizaciones concluyeron su pronunciamiento haciendo un llamado a los distintos actores políticos para actuar con responsabilidad institucional durante el proceso electoral. En particular, pidieron al presidente Petro contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones y en las instituciones encargadas de garantizar el funcionamiento del sistema democrático.