Corte Suprema no tomó decisión de fondo sobre los seis congresistas implicados en megacaso de Ungrd antes de las elecciones

La Corte Suprema de Justicia no logró tomar una decisión definitiva el jueves 5 de marzo de 2026 sobre los seis congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), debido a un empate en la votación de la Sala de Instrucción.

La resolución, que implicaría un llamado a juicio o posibles medidas de aseguramiento, quedó pospuesta hasta la designación de dos conjueces el miércoles 11 de marzo, lo que aplaza cualquier avance hasta después de las elecciones del 8 de marzo; en la que, algunos de ellos, aspiran a la reelección, o incluso a pasar de una corporación a otra, con miras al periodo comprendido entre 2026 y 2030.

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En la indagación de este mediático caso, que según cálculos aproximados podrían comprometer recursos por más de 1,2 billones de pesos, los testimonios clave de Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, han sido incorporados bajo declaración jurada ante la Fiscalía, convirtiéndose en el eje de la investigación de la Corte Suprema: juez natural de los congresistas al contar ellos con fuero especial por su ejercicio.

El expediente rastrea una presunta red de contratos amañados y desvío de recursos públicos que, según los señalados, vinculan desde altos congresistas hasta asesores y exfuncionarios vinculados a la gestión de los dineros.

Un elemento central en el caso que salpica a los excongresistas es el detalle de los pagos y gestiones políticas que los exdirectivos de la entidad han relatado bajo juramento. López afirmó ante la Fiscalía que “la instrucción para entregar 1.000 millones de pesos a Andrés Calle vino directamente de Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, durante una reunión en el Palacio de Nariño”, y vinculaba a los entonces miembros de las comisiones económicas.

El dinero, agregó el exdirector, habría sido dirigido al expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas para “financiar campañas políticas en Córdoba”. Al mismo tiempo, relató la supuesta entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, suma canalizada a través de la exconsejera Sandra Ortiz.

Los detalles de lo que sería la red de contratos al interior de la Ungrd

El expediente, como reportó El Colombiano, da cuenta de montos, municipios y beneficiarios de la red de contratos del órgano estatal, Las declaraciones consignadas por la Fiscalía detallan cómo, “en reuniones destinadas a la asignación de contratos en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, intervinieron congresistas y funcionarios que actuaban como enlaces entre el Gobierno y el Congreso, coordinando la ejecución de proyectos y la entrega de recursos que ascendieron a cifras cercanas a los 92.000 millones de pesos”.

Según los documentos, Karen Manrique, Wadith Manzur y María Alejandra Benavides, esta última exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla aparecen señalados en ese entramado operativo.

La incorporación de evidencia material ha fortalecido la investigación, pues entre los hallazgos destaca una libreta de apuntes incautada en la residencia de Olmedo López. El objeto contiene nombres de legisladores y referencias directas a regiones y adjudicaciones de contratos, y menciona a Liana Ester Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Martha Peralta; esta última asociada a la gestión de proyectos para La Guajira y a nombramientos en la Ungrd.

Por su parte, en las pruebas digitales se incluyen chats de WhatsApp y matrices de colaboración que comprometen a otros funcionarios públicos. Según los testimonios y archivos examinados por la Fiscalía, “la intermediación de contratos buscaba asegurar apoyos legislativos a las reformas presentadas por el Gobierno”; y entre los congresistas mencionados en estos nuevos elementos probatorios aparecen Berenice Bedoya y Germán Rogelio Rozo.

La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si llama a juicio a los congresistas implicados luego de la votación empatada en su Sala de Instrucción, incorporando la evidencia documental, testimonios y registros electrónicos presentados por la Fiscalía y consignados como parte de las nuevas pruebas en el caso..