Con millones de ciudadanos colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto, este próximo 8 de marzo el país no solo renovará el Poder Legislativo, sino que vivirá el primer gran round por la Presidencia.
Dieciséis líderes políticos, agrupados en tres grandes bloques, se disputan el cupo en el tarjetón definitivo en las llamadas ‘consultas’. Sin embargo, detrás de los discursos y la euforia proselitista, se esconde una realidad financiera y llena de contrastes, según lo revela el periódico El Espectador, con cifras recuperadas de la plataforma oficial Cuentas Claras.
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La organización social Transparencia por Colombia ha lanzado una alerta contundente: el 66 % de las personas que compiten en estas primarias no ha publicado ni un solo soporte sobre el origen y destino de sus fondos.
Este apagón informativo es absoluto en el bloque denominado Frente por la Vida. Los registros de Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Edison Lucio Torres y Héctor Elías Pineda brillan por su ausencia. A esta lista de opacidad total se suman el exministro Mauricio Cárdenas y el exdefensor Leonardo Huerta, quienes mantienen sus arcas en secreto a pesar de que los cierres públicos de campaña se oficializaron desde el pasado primero de marzo.
En la otra orilla del espectro, las cifras dibujan una fuerte dependencia del sector financiero tradicional. Dos mujeres encabezan la lista de las billeteras más abultadas gracias a gigantescos préstamos. Claudia López, quien busca liderar la llamada Consulta de las Soluciones, pulveriza todos los récords de recaudación al reportar ingresos que ascienden a $4.659 millones.
Esta inyección de capital obedece íntegramente a un crédito adquirido con Bancolombia. No obstante, sus erogaciones declaradas apenas marcan $168 millones en los libros. Por su parte, la periodista Vicky Dávila, enmarcada en la Gran Consulta por Colombia, amparó su despliegue propagandístico con un pagaré del Banco GNB Sudameris, logrando ingresos por $2.000 millones. De ese total, ya ha consumido $485 millones, principalmente en publicidad masiva.
Un peldaño más abajo, en materia de créditos, aparece Enrique Peñalosa. Sus cuentas muestran entradas por $1.052 millones, compuestos por un préstamo de $1.000 y el excedente producto de una donación. Hasta el momento, su equipo reporta salidas logísticas y de propaganda por tan solo $23 millones.
Otro fenómeno financiero que arroja el escrutinio de los datos es el de los desfases entre lo que entra y lo que sale. El exsenador David Luna certifica gastos por $405 millones enfocados a la propaganda, pero sus ingresos apenas llegan a $230 millones. Este último monto fue apalancado por 150 millones provenientes de particulares, destacando el aporte de varios abogados.
En cuanto a la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, puntera en varias encuestas, registra entradas por $2.000, descritos como una contribución de la colectividad liderada por Álvaro Uribe. En contraste, sus egresos por concepto de propaganda electoral ascienden a unos astronómicos $1.264 millones.
Finalmente, el financiamiento a través de chequeras familiares, recursos propios y avales partidistas completa el rompecabezas económico de la contienda. Aníbal Gaviria sustenta su aspiración con ingresos de $ 881 millones.
El grueso de este rubro, unos COP 750 millones, provienen de transacciones realizadas por sus parientes, sumado a una donación superior a los 70 millones girada por Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, antiguo gerente de Teleantioquia.
El Nuevo Liberalismo inyectó directamente COP 800 millones a la candidatura de Juan Manuel Galán. Cierran el listado Juan Daniel Oviedo, quien fondeó su campaña con COP 76 millones emanados de su patrimonio y particulares, y Juan Carlos Pinzón, quien reporta una única donación tasada en COP 45 millones.
Hay que decir que para las presidenciales de 2026, los candidatos deben registrar sus movimientos en el aplicativo Cuentas Claras máximo ocho días después de cada transacción. Una vez finalizada la contienda, tienen un plazo de un mes tras la fecha de la elección para presentar el informe consolidado final ante el CNE. El incumplimiento de estos términos puede generar sanciones económicas o la pérdida del derecho a la reposición de votos.
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