Señalan al ministro de Educación de supuesta participación en política: “Prolonguemos este cambio”

Durante la sanción de la ley 2568 de 2026 que aumenta los recursos para las universidades públicas, el ministro de Educación de Colombia Daniel Rojas Medellín se enfrenta a cuestionamientos por una posible infracción a las normas electorales.

En su intervención realizada el martes 3 de febrero de 2026, en la Universidad del Cauca, el titular de la cartera manifestaba su defensa hacia las políticas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de educación pública.

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No obstante, en un aparte de su declaración, hizo una invitación a la ciudadanía para que, en palabras de Rojas, se prolonguen las políticas impulsadas por la actual administración.

“Es que ya hay un cambio en la historia de la educación pública de Colombia… Defendamos lo que hemos logrado hacer gracias a este gobierno del cambio y prolonguemos este cambio para que nadie nos devuelva al pasado, donde nos tocaba decir ‘no la dejemos privatizar’… No regresar jamás a las épocas en las que nos sacaban los ojos y nos lanzaban gases”, explicó el ministro.

Las palabras del funcionario han suscitado alertas en sectores de la oposición que, consultados por Noticias Caracol, consideran que pueden interpretarse como un llamado a que el oficialismo permanezca en el poder más allá del mandato actual, en un contexto de campaña electoral, lo que correspondería a una posible participación en política.

En su cuenta de X, Daniel Rojas reiteró su celebración anjte lo que considera como un avance para la eduicación en Colombia.

“Hoy ese éxito rotundo en la financiación de la educación superior se hizo ley , le corresponde al pueblo defender esos nuevos recursos para que se destinen en la senda del avance que dejamos, para que las nuevas sedes abran sus puertas aumentando capacidades, para que logremos nivelarnos con la OCDE en ese 70 % de cobertura al que nos acercamos como nunca. Para los que aún están por fuera del derecho ingresen definitivamente y para siempre”, escribió el ministro de Educación en sus redes sociales.

Si bien hasta el momento no se ha anunciado ninguna medida de suspensión contra Rojas Medellín, la polémica remite a casos previos.

Uno de los antecedentes más conocidos fue la sanción impuesta al entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero durante las elecciones presidenciales de 2022, por un video considerado respaldo indirecto al oficialismo en el que decía: “El cambio en primera”, acompañando la frase con un gesto aludido a la campaña de Petro.

No es la primera vez que el ministro de Educación estaría involucrado en episodios por presunta participación en política. En octubre de 2025, la Procuraduría recibió una queja disciplinaria contra Daniel Rojas y otros cinco ministros del Gobierno Petro por sus publicaciones en las redes sociales en favor de la consulta interna adelantada por el Pacto Histórico.

Qué dice la ley sobre participación en política de servidores públicos

En Colombia, la violación de las normas que restringen la actividad política de los servidores públicos constituye una falta gravísima, sancionada con destitución e inhabilidad general según el Código General Disciplinario.

La Constitución Política (artículo 127) prohíbe de manera absoluta a los funcionarios de la Rama Judicial, órganos de control, electorales y de seguridad, intervenir en actividades partidistas o disputas políticas.

Además, está vetado ejercer presión sobre subalternos, contratistas o particulares para favorecer determinados candidatos o movimientos, así como emitir opiniones públicas sobre actores políticos.

Adicionalmente, la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) establece restricciones específicas a la contratación pública y a la gestión de la nómina estatal en el periodo previo a las elecciones de 2026.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación definió 12 conductas prohibidas para los empleados estatales, en una directiva que rige para los comicios de 2026, con el objetivo de prevenir el uso indebido de cargos públicos con fines electorales.

Entre las restricciones más relevantes figuran la prohibición de usar recursos estatales –como vehículos, equipos o instalaciones– para campañas, y la obligación de abstenerse de participar en inauguraciones de obras durante los 90 días anteriores al día de la votación.

La vigilancia del cumplimiento de estas normas también corresponde a la ciudadanía, que puede presentar denuncias a través de la plataforma Pilas con el Voto de la Misión de Observación Electoral (MOE) o directamente ante el organismo de control.

Por el momento, la entidad adelanta 38 investigaciones por presunta participación en política de servidores públicos en el país, según declaró el procurador Gregorio Eljach Pacheco a los medios de comunicación.

“En el transcurso de estos días se sabrán las medidas cautelares a implementar por parte de la Procuraduría (…). Y al final de un debido proceso, con garantía de la defensa, se sabrá el resultado final. Por ahora no puedo anticipar más información porque eso está sometido a reserva”, explicó el funcionario.