La escalada comercial entre Ecuador y Colombia empieza a mostrar un rostro concreto y es el de miles de pacientes con enfermedad renal crónica que dependen de tratamientos periódicos para seguir con vida.
Un comunicado difundido en Quito por la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) encendió las alarmas al advertir que el recargo del 50% aplicado a mercancías provenientes de Colombia amenaza con afectar el suministro de materiales indispensables para la atención hospitalaria, especialmente en diálisis.
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La organización señaló que casi la totalidad de los equipos, reactivos y dispositivos que utiliza el sistema sanitario ecuatoriano proviene del exterior.
Una fracción significativa de ese volumen llega desde Colombia: el 15% del total importado en este rubro. Solo en 2025, esa proporción representó 42 millones de unidades, equivalentes a más de 51 millones de dólares.
Con el nuevo gravamen, los costos aumentarían en aproximadamente 21 millones de dólares adicionales.
En el caso de la enfermedad renal crónica, la situación es particularmente delicada. Según cifras oficiales citadas en el pronunciamiento, 20.800 personas requieren entre tres y cuatro procedimientos semanales de depuración sanguínea para sobrevivir.
Esos tratamientos se realizan en 136 establecimientos, de los cuales 105 son privados y 31 públicos. De acuerdo con Asedim, cerca del 60% de los materiales empleados en estas terapias —como filtros, soluciones y catéteres— son de origen colombiano.
Advierten que si el flujo de esos insumos se interrumpe o se encarece hasta volverse insostenible, podrían producirse cancelaciones de sesiones, escasez en centros médicos y complicaciones severas derivadas de la acumulación de toxinas en el organismo. Entre los riesgos mencionados figuran fallos cardíacos y otras consecuencias potencialmente mortales.
La enfermedad renal crónica ya tiene un peso considerable en las estadísticas nacionales. En 2024 se registraron 4.089 fallecimientos asociados a esta condición, lo que equivale al 10% de las muertes reportadas en el país. La entidad advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes, esa cifra podría incrementarse, con impacto más fuerte en poblaciones vulnerables de provincias como Guayas y Manabí, donde se concentra un alto número de pacientes.
El problema, según el documento, no se limita a la diálisis. También podrían verse afectados procedimientos cardiovasculares, unidades de cuidados intensivos y el acceso a artículos básicos como jeringas y gasas.
En paralelo, los distribuidores denunciaron atrasos en pagos por parte del Estado: 37 millones de dólares pendientes con empresas importadoras vinculadas al gremio y otros 15 millones adeudados a prestadores de servicios de diálisis.
A ello se suma que las tarifas oficiales del Ministerio de Salud Pública no han sido actualizadas desde 2014, lo que —afirman— agrava la fragilidad financiera del sector.
Ante este panorama, la asociación planteó cuatro acciones inmediatas: excluir los dispositivos médicos del recargo arancelario, saldar las obligaciones mediante compensaciones tributarias o bonos estatales, revisar los valores reconocidos por el sistema público y conformar mesas técnicas que garanticen abastecimiento continuo.
La alerta se produce en medio de la mayor tensión comercial reciente entre ambos países. Desde el 1 de marzo, el gobierno de Daniel Noboa elevó la llamada tasa de seguridad del 30% al 50% para mercancías colombianas, con el argumento de reforzar el control fronterizo y cubrir costos asociados a la lucha contra economías ilegales.
En respuesta, la administración de Gustavo Petro anunció un decreto para aplicar un gravamen equivalente a más de 190 bienes ecuatorianos y estudia restringir el ingreso terrestre de ciertos productos por el paso de Rumichaca. Días antes, Colombia había suspendido la venta de energía a Ecuador para priorizar su demanda interna.
En ese cruce de medidas, los pacientes renales advierten que han quedado atrapados en medio de decisiones políticas y comerciales que podrían traducirse en menos tratamientos y más muertes evitables. La disputa arancelaria, que comenzó como un desacuerdo diplomático, ahora amenaza con convertirse en una crisis sanitaria de alto impacto humano.
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