Un antiguo inmueble confiscado al narcotráfico, con un avalúo superior a $73.500.000, fue transformado en el primer Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el municipio de Necoclí, Urabá.
La iniciativa se desarrolla en la respuesta a la creciente migración infantil y adolescente, que ha dejado más de 100 niños migrantes no acompañados identificados en la zona por el Icbf en los últimos meses.
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Así, la propiedad, una vez parte de economías ilícitas, se convierte en un espacio de protección y restablecimiento de derechos para menores en situación de extrema vulnerabilidad.
“El inmueble, recuperado por la SAE y destinado al servicio del Icbf, cuenta con un avalúo catastral superior a los $73.500.000 y hace parte del proceso de transformación social de bienes que anteriormente estuvieron vinculados a economías ilícitas”, se observa en un comunicado emitido por la SAE.
La entrega oficial del inmueble se realizó en Necoclí, uno de los principales puntos de tránsito migratorio de Colombia, en el que confluyen rutas hacia el tapón del Darién.
Delegados de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Icbf y la organización Aldeas Infantiles SOS participaron en el acto. Según datos de la SAE citados por el mismo Instituto, la casa fue recuperada dentro de su proceso de administración de bienes incautados a grupos criminales y posteriormente adaptada como La Casa de la Esperanza. En el pasado, la propiedad perteneció al Clan del Golfo.
El Icbf destinó una inversión que supera los $150 millones para la adecuación, obras físicas y dotación del inmueble, según informó la propia entidad.
El objetivo es garantizar condiciones dignas y atención especializada para los niños y adolescentes colombianos y extranjeros que serán recibidos.
El nuevo centro priorizará la atención de menores migrantes no acompañados, un grupo cuya presencia ha aumentado significativamente en la región debido a las recientes dinámicas migratorias por el golfo de Urabá.
Necoclí se ha consolidado como epicentro migratorio nacional e internacional, una condición que ha presionado la infraestructura de protección infantil y social.
“El centro, llamado La Casa de la Esperanza, ofrecerá atención prioritaria a la niñez migrante no acompañada y a menores en riesgo. Para la adecuación y puesta en funcionamiento del lugar, el Icbf realizó una inversión superior a $150 millones en obras y dotación, garantizando condiciones dignas y atención especializada para los menores de edad”, se agrega en el documento.
Durante la ceremonia de apertura, Catalina Serrano, directora para la Democratización de Activos Inmuebles Urbanos de la SAE, destacó: “Hoy los bienes del narcotráfico han sido recuperados para restablecer la sociedad y los derechos de los niños”. Serrano subrayó el compromiso de la entidad de evitar que estos activos retornen a prácticas ilícitas y de destinarlos a sectores que requieren atención prioritaria.
Por su parte, la directora general del Icbf, Astrid Cáceres, expuso el impacto de la medida: “Hemos encontrado, en este lapso, más de 100 niños y niñas migrantes que han transitado solos la ruta de migración. Ahora, con esta casa van a tener un lugar seguro”.
Cáceres remarcó que el espacio ofrecerá acogida inmediata y restablecimiento de derechos a los menores migrantes y a adolescentes colombianos y extranjeros en situación de tránsito o vulnerabilidad.
La operación del centro contará con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS, organización que desde hace más de cincuenta años participa en procesos de acogimiento y protección infantil en Colombia.
La SAE expuso que este tipo de iniciativas constituyen una estrategia de transformación social de activos incautados a economías ilegales, poniendo recursos al servicio de quienes más los necesitan. Serrano enfatizó la misión de los organismos responsables: “Está en cabeza de nosotros, como directivos de las instituciones, seguir acompañando y logrando que estos inmuebles no hagan parte de usos ilícitos”.
“La Casa de la Esperanza” representa el primer centro de emergencia de su tipo en la región de Urabá, un punto crítico para la migración infantil, cuyo flujo ha modificado el perfil de necesidades sociales en Necoclí y municipios circundantes.
La decisión de destinar bienes incautados a proyectos de esta naturaleza conjuga la política de restitución social con la atención inmediata a una de las poblaciones más vulnerables del país.
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