El presidente Gustavo Petro respondió a la confirmación de la sanción dictada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña presidencial de 2022, luego de varios meses de acusaciones, pesquisas y hallazgos de irregularidades a lo largo de ese proceso electoral.
A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, el jefe de Estado aseguró que su campaña no violó los topes de gasto permitidos, al rechazar las acusaciones que lo vinculan con el incumplimiento de las normativas electorales.
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“Mi campaña no violó topes electorales. No es la oposición, mayoría en el CNE quien puede juzgarnos”, afirmó el mandatario, en respuesta a la divulgación de la noticia por parte del periodista Jorge Espinosa.
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Y es que la controversia gira en torno a una sanción administrativa de más de $5.000 millones, que recae sobre los directivos de su campaña, entre ellos Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña en su momento, así como Lucy Aydeé Mogollón, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, que actuaron como tesorera y auditores, respectivamente.
Aunque se presentaron recursos judiciales para revocar la medida, la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada desestimó los argumentos de la defensa, lo que dejó la resolución en firme.
El expediente del CNE señala que la campaña habría superado el límite de gastos permitidos por la ley en más de 4.400 millones de pesos, además de haber presuntamente alterado documentos contables para justificar ingresos y egresos.
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El fallo del CNE: la sanción que persiste y es la piedra en el zapato de Petro
El 27 de noviembre de 2025, el CNE tomó una decisión histórica al sancionar a los responsables de la campaña de Petro por superar los límites establecidos de financiación. Con una votación de seis votos a favor y tres en contra, el organismo ratificó la existencia de irregularidades durante la promoción electoral; a pesar de los intentos de los abogados de la defensa, encabezados por Roa, de anular la sanción, la entidad ratificó la multa impuesta.
En términos económicos, la sanción afecta a figuras clave de la campaña, con montos que superan los $5.000 millones. La multa incluye $2.252 millones por irregularidades detectadas en la primera vuelta electoral, además de una sanción adicional de $2.447 millones por otros incumplimientos.
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Para la segunda vuelta presidencial, la sanción se incrementó con multas de $627 millones por financiación ilegal y $596 millones por sobrepasar los topes de gasto. A pesar de los esfuerzos por corregir las supuestas irregularidades, el CNE rechazó las peticiones de nulidad y no aceptó las solicitudes de la defensa, confirmando así la validez de la sanción.
Las consecuencias para los responsables
Los tres principales responsables de la campaña presidencial de Petro, Ricardo Roa, Lucy Aydeé Mogollón y María Lucy Soto Caro, enfrentan consecuencias directas por las sanciones impuestas.
El presidente de Ecopetrol, además de ser sancionado por los topes electorales, se encuentra en una situación judicial compleja; la Fiscalía General de la Nación lo llamó a imputación de cargos en dos casos: uno relacionado con el manejo financiero de la campaña y otro por presunto tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.
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La defensa de los directivos de la campaña insistió en que no hubo violación de los topes electorales, pero el CNE desestimó sus argumentos. Las sanciones no solo afectan a los responsables directos, sino que ponen en evidencia la importancia de un manejo transparente de los recursos en las campañas electorales.
Cabe destacar que, en medio de este escenario, el movimiento político Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro, adoptó una postura diferente. La representante legal del movimiento, Andrea Camila Vargas de la Hoz, comunicó al CNE la decisión de desistir de los recursos de reposición, aceptando la sanción administrativa.
De esta forma, Colombia Humana facilitó el camino para cumplir con la multa impuesta y evitó continuar con el proceso judicial.
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