Procuraduría investiga y suspende a dos interventores de EPS SOS y Savia Salud por deterioro financiero y aumento de quejas

La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias y suspendió provisionalmente a interventores de las EPS SOS y Savia Salud, en medio de la creciente crisis del sistema de salud y tras evidenciar un presunto deterioro financiero, aumento de quejas y fallas en la prestación del servicio.

Las decisiones se conocen luego de visitas administrativas realizadas por el Ministerio Público, en las que, según los autos, se constató que las intervenciones ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud no habrían logrado estabilizar a las entidades, sino que, por el contrario, los indicadores financieros y de atención empeoraron.

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Suspensión provisional en EPS SOS

En el caso de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), la Procuraduría vinculó a Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancur Castañeda, quienes ejercieron o ejercen como agentes especiales interventores.

Además, Carlos Alberto Betancur Castañeda fue suspendido provisionalmente por tres meses como agente especial interventor.

El ente de control investiga si los funcionarios incumplieron las funciones y obligaciones impuestas durante la intervención forzosa administrativa, lo que habría ocasionado:

• Deterioro en la prestación del servicio de salud a los afiliados.
• Incremento de PQRS, acciones de tutela e incidentes de desacato.
• Aumento de pasivos y reducción del patrimonio.
• Mayor siniestralidad y afectación de la sostenibilidad financiera.

Según los datos recopilados, las quejas en SOS aumentaron 71 % entre 2023 y 2025, mientras que las tutelas crecieron 14,5 %. La siniestralidad alcanzó el 117,5 % en 2024, lo que significa que la EPS gastó más de lo que recibió por cada peso administrado.

La intervención de SOS fue anunciada en abril de 2024 por la Superintendencia de Salud, bajo la administración del entonces superintendente Luis Carlos Leal, argumentando graves fallas financieras y de atención a más de 750.000 usuarios en Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda.

Crisis financiera y aumento de tutelas en Savia Salud

En el caso de Savia Salud, la investigación disciplinaria cobija a Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, este último también suspendido provisionalmente.

La EPS, intervenida desde junio de 2023 y con más de 1,6 millones de afiliados principalmente en Antioquia, presentó un preocupante deterioro de sus indicadores.

De acuerdo con la Procuraduría:

• Las quejas crecieron 33 % entre 2023 y 2025.
• Las tutelas superaron las 64.000 en ese período.
• El 21 % de los fallos judiciales no fueron cumplidos.
• El patrimonio pasó de -$570.000 millones en 2022 a -$1,1 billones en 2024.
• La liquidez cayó a niveles críticos, con disponibilidad de apenas entre 4 y 18 centavos por cada peso de deuda a corto plazo.

El Ministerio Público señala que la alta rotación de interventores, cuatro en cada EPS en menos de dos años, habría impedido la continuidad de los planes de mejoramiento, agravando la situación administrativa y financiera.

Órdenes a Supersalud, ADRES y Defensoría

En el marco de la investigación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud entregar un informe detallado sobre el seguimiento y control ejercido durante las intervenciones.

El requerimiento incluye información sobre:

• Cumplimiento de acciones de tutela.
• Manejo de incidentes de desacato.
• Respuesta a PQRS.
• Medidas preventivas y correctivas adoptadas.

Asimismo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) deberá remitir un informe sobre los recursos girados a las EPS intervenidas, mientras que la Defensoría del Pueblo tendrá que reportar sobre el acceso efectivo de los afiliados al servicio de salud.

EPS intervenidas bajo el Gobierno Petro

Actualmente, el Gobierno nacional administra ocho EPS intervenidas: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y SOS.

En el caso de Nueva EPS, el observatorio Así Vamos en Salud reportó más de 38.000 peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, cifra superior a la registrada antes de la intervención.

Las investigaciones disciplinarias abiertas por la Procuraduría buscan determinar si existieron faltas en la gestión de los agentes interventores, y si sus actuaciones contribuyeron al deterioro del servicio y de las finanzas de las entidades.

Por ahora, los interventores actuales permanecerán suspendidos durante tres meses mientras avanza el proceso. La Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud también podrían ser objeto de análisis por su papel de seguimiento y control.

La decisión se da en medio del debate nacional por la reforma a la salud y las críticas sobre el modelo de intervención adoptado por el Gobierno, en un escenario donde los usuarios continúan reportando barreras en la atención y retrasos en la entrega de medicamentos.