
La familia de Kevin Acosta - menor de siete años con homifilia, que falleció el 13 de febrero de 2026, luego de sufrir un accidente en su bicicleta, mientras continuaba esperando el suministro de su medicamento por parte de la Nueva EPS- denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones del Congreso por divulgación de información reservada de la historia clínica del menor.
La acusación, radicada el 2 de marzo de 2026 por el abogado Manuel Vicente Villanueva Luis, en representación de la madre de la víctima, sostiene que el mandatario habría expuesto datos confidenciales relacionados con las circunstancias médicas que rodearon el fallecimiento del niño.
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El caso implica a la Nueva EPS y remite a la muerte del menor ocurrida el 13 de febrero por complicaciones derivadas de la falta del medicamento emicizumab, esencial en el tratamiento de la hemofilia A.
En el documento oficial consignado ante la Comisión, el abogado Villanueva, actuando como apoderado de Yudi Caterine Pico Naranjo —madre de Kevin Arley Acosta Pico— detalló que la publicación de datos médicos por parte de Petro evidenció “circunstancias médicas particulares del menor Kevin Arley Acosta Pico (Q. E. P. D.)” y manifestó que estos datos estaban bajo reserva legal, por tratarse de información considerada confidencial según la ley colombiana.

La denuncia se ampara en el artículo 194 de la Ley 599 de 2000, que regula el delito de divulgación y empleo de documentos sujetos a reserva en Colombia. Según el texto, el presidente podría haber incurrido en conductas tipificadas como violatorias de la intimidad y reserva, así como la interceptación de comunicaciones, en su calidad de mandatario nacional.
El escrito, de nueve folios y radicado con fecha y hora exactas, mencionó la cronología de los hechos desde el incidente sufrido por Kevin Arley Acosta Pico: “El pasado 9 de febrero, mientras el menor Kevin Arley Acosta Pico montaba bicicleta por las calles del municipio de Palestina (Huila), sufrió una caída ocasionándole unas lesiones a la altura de la cabeza”.
Tras la caída y la lesión, la familia señala que la falta del medicamento emicizumab fue determinante en el agravamiento de su estado.

La familia responsabilizó a la Nueva EPS como la entidad encargada del suministro del medicamento que, afirman, debió recibir el menor.
El documento puntualiza: “Esta omisión por parte de la Nueva EPS, quien tenía bajo su responsabilidad este suministro, generó la muerte de Kevin Arley”, identificando una cadena de responsabilidad institucional que se extiende desde las entidades de salud hasta la máxima autoridad del Estado por la divulgación de estos hechos.
En la denuncia, Villanueva describió la acción de Petro como una vulneración de normas penales sobre protección de datos reservados. El texto presentado acusa directamente al primer mandatario: “Con lo anterior el señor Petro Urrego pudo incurrir en conductas señaladas por nuestra ley 599 de 2000, Código Penal colombiano, capítulo VII de la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones”.

El caso se sustenta en la calificación legal de los hechos como posibles delitos que solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusación, dada la investidura del presidente.
La familia de Kevin Acosta formalizó la denuncia al considerar que la divulgación pública de la historia clínica del menor constituyó un acto irregular, con consecuencias que van más allá del ámbito privado.
Según el documento radicado, la conducta imputada al presidente representa una presunta transgresión al marco legal colombiano sobre protección de la intimidad y confidencialidad de la información clínica, hecho que ahora debe ser evaluado por la autoridad parlamentaria competente.
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