La condena de 37 años de prisión dictada contra Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, marca un nuevo capítulo en la persecución judicial a los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
El fallo se centra en un episodio ocurrido el 2 de julio de 1997, cuando cuatro militares del Ejército Nacional fueron asesinados en zona rural de Turbo, Antioquia, tras un combate con miembros de las antiguas Farc.
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La Fiscalía General de la Nación logró acreditar que Márquez, por entonces miembro del Secretariado y líder del denominado bloque nororiental de las Farc, impartió la orden directa para ejecutar los asesinatos.
Los militares, pertenecientes a la Brigada XVII, resultaron heridos en enfrentamientos con los frentes 5, 18, 57 y 58. Sus identidades quedaron consignadas en la sentencia: el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte, los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, y el enfermero de combate Fabio Pineda Serna.
El ataque no solo dejó heridos a los uniformados. Documentos judiciales y testimonios recopilados por la Fiscalía detallan cómo, tras el combate, hombres armados irrumpieron en el lugar donde los militares recibían los primeros auxilios. Los agresores capturaron a cinco miembros del Ejército y los trasladaron por la fuerza ante otros jefes de estructura.
La Fiscalía describió que, tras ser presentados ante los mandos, los tres soldados heridos y el enfermero fueron asesinados en cumplimiento de la orden de Márquez. En paralelo, el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle fue secuestrado y permaneció en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, cuando se produjo su rescate.
Aunque los hechos juzgados datan de 1997, la figura de Iván Márquez sigue activa en los escenarios de violencia. Hoy, según información de inteligencia, Márquez lidera la organización armada conocida como Segunda Marquetalia y se encontraría en territorio venezolano.
La condena, por tanto, tiene un alcance simbólico y judicial: reafirma la responsabilidad del excomandante en crímenes graves y evidencia la persistencia de estructuras disidentes tras el proceso de paz.
El proceso fue liderado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que formuló cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. La sentencia expone que la finalidad de las órdenes de Márquez era ejercer presión extorsiva y atacar a miembros de la Fuerza Pública.
Al presentar el caso ante un juzgado penal especializado de Antioquia, la Fiscalía destacó la contundencia de las pruebas recabadas. Informó que los elementos probatorios vincularon de manera directa a Márquez con la cadena de mando y con la planificación del crimen.
“En atención a las pruebas aportadas, un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Buitrago, alias Iván Márquez, a 37 años de prisión”, señaló la entidad.
El expediente detalla el trato violento a los soldados y al enfermero, así como el secuestro de Guarnizo Ovalle, quien soportó casi seis años en cautiverio antes de ser liberado.
La condena llega en un contexto de persistentes debates sobre la eficacia de la justicia ordinaria frente a los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante décadas. Mientras Iván Márquez permanece prófugo, la Fiscalía insiste en que su localización internacional representa un reto para la cooperación judicial con países vecinos.
Las víctimas y sus familias esperan que este fallo represente un paso efectivo contra la impunidad, al tiempo que pone en evidencia los desafíos que enfrenta Colombia para cerrar los ciclos de violencia de las disidencias armadas.
“La orden de asesinar y secuestrar militares era una directriz que alias Iván Márquez impartió a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran con fines extorsivos y en contra de miembros de la Fuerza Pública”, concluyó la Fiscalía al dar a conocer la sentencia.
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