La administración de Gustavo Petro implementó una serie de medidas extraordinarias que permitieron recaudar más de $200 billones en Colombia, según cifras recogidas por El Colombiano. Este monto, sin precedentes en la historia fiscal reciente del país, se alcanzó a través de una combinación de impuestos temporales, traslados masivos de fondos pensionales, nacionalización de ahorros y megacolocaciones de deuda.
El objetivo, revelan analistas y gremios, ha sido robustecer la caja estatal en un año marcado por el calendario electoral y el atasco de las reformas en el Congreso.
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Al comienzo de 2026, el Gobierno decretó una emergencia económica para atender las graves inundaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira y otros departamentos. Esta medida incluyó la creación de un impuesto temporal al patrimonio para empresas con activos superiores a $10.474 millones. Según el Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, la expectativa de recaudo es de $8 billones, aunque el centro de estudios Anif calcula que la cifra podría acercarse a los $13,5 billones.
El tributo impacta especialmente a bancos y empresas del sector minero-energético, sobre quienes recae una tarifa del 1,6%. “Esta decisión representa un castigo al ahorro”, expresó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, citado por El Colombiano. El decreto también habilitó la contratación directa y facultó a la Agencia Nacional de Tierras para expropiar predios en zonas afectadas, lo que generó inquietud en gremios y empresarios.
Traslado exprés de fondos pensionales
El frente pensional se posicionó como el eje central de la estrategia para captar liquidez. El Ministerio del Trabajo publicó el borrador de un decreto que dispone el traslado, en apenas 15 días, de más de $25 billones desde fondos privados (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos) a Colpensiones. Esta transferencia afecta los ahorros de cerca de 120.000 afiliados.
La medida se basa en el artículo 76 de la reforma pensional, aunque este punto aún está bajo revisión de la Corte Constitucional. De acuerdo con José Ignacio López, presidente de Anif, la decisión “va en contravía de la seguridad jurídica” y podría provocar una liquidación forzada de títulos TES, elevando el costo de la deuda estatal por encima del 14%. Frente a la controversia, el Gobierno manifestó disposición para dialogar con la banca y revisar los cronogramas de pago.
Nacionalización de $125 billones en ahorro
En paralelo, Gustavo Petro propuso reducir el límite de inversión internacional de los fondos de pensiones del 48,8% al 30%, lo que obligaría a repatriar cerca de $125 billones en activos actualmente invertidos en el extranjero. Según Andrés Velasco, presidente de Asofondos, la diversificación internacional protege el ahorro de los trabajadores frente a fluctuaciones de la economía local.
“Invertir fuera de Colombia permite que el ahorro de los trabajadores crezca en monedas fuertes como el dólar y no dependa exclusivamente del comportamiento de la economía nacional.”, destacó El Colombiano. Analistas advierten que forzar la compra masiva de activos internos podría saturar el mercado local y restar eficiencia al sistema.
Impuesto a Ecopetrol y cambios en la retención
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ejecutó un cobro de $5,3 billones a Ecopetrol por IVA supuestamente no pagado en la importación de combustibles entre 2022 y 2024. Esta acción, reportada por El Colombiano, tensó las relaciones internas en el Estado. Ecopetrol sostiene que existe una discrepancia normativa y anunció que defenderá su postura ante los tribunales.
Adicionalmente, el Gobierno decretó en mayo de 2025 un aumento de tarifas de autorretención en la fuente, especialmente en sectores como gas, carbón y energía eléctrica. Según Fedesarrollo, el recaudo estimado oscila entre $6 y $13,9 billones. Expertos consultados por El Colombiano calificaron la medida como una “reforma tributaria a la sombra”, ya que obliga a las empresas a anticipar el pago de impuestos sobre ingresos no consolidados, afectando su flujo de caja.
Megadeuda y nuevos instrumentos financieros
La estrategia de financiamiento incluyó la venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones al fondo global PIMCO y una colocación histórica de deuda externa por US$4.950 millones (unos $18 billones) en enero de 2026. Estas operaciones, según el analista Diego Montañez, buscan asegurar recursos para el gasto público en un contexto de alta incertidumbre política.
Al mismo tiempo, el Gobierno reactivó la discusión sobre inversiones forzosas en la banca para destinar recursos a la reactivación económica tras la ola invernal. Según El Colombiano, los bancos propusieron ofrecer 130.000 créditos sin intereses como alternativa a la imposición legal, aunque la negociación permanece abierta.
Estrategia de estatización y advertencias gremiales
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió sobre una “estatización silenciosa” de recursos que antes circulaban por canales privados o mixtos. Según Mac Master, la transferencia de ahorros previsionales y de salud al Estado crea una ilusión de riqueza inmediata, pero genera un pasivo futuro considerable.
Entre los puntos más críticos, gremios y analistas mencionan la presión sobre sectores estratégicos como la banca y la industria minero-energética, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación, y un déficit fiscal que obliga al Estado a pagar tasas históricas en el mercado de deuda pública.
La administración de Gustavo Petro ha recurrido a una combinación de impuestos temporales, traslados de fondos pensionales, nacionalización de activos y emisiones de deuda para consolidar una red de financiamiento que supera los $200 billones, en un contexto definido por la tensión política y la necesidad de ejecución presupuestal.
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