La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solicitó el domingo 1 de marzo de 2026 a la Procuraduría General de la Nación que precise el estatus actual de la suspensión impuesta a Wilmar Mejía, que ocupaba el cargo de Director de Inteligencia Estratégica, en medio de la investigación de presuntos vínculos con alias Calarcá.
En un comunicado oficial, la entidad enfatizó que, tras haberse cumplido el plazo inicial de tres meses de suspensión, persiste la incertidumbre sobre si la medida fue prorrogada o si existe una decisión definitiva sobre la situación del funcionario. La falta de respuesta impide la certeza jurídica sobre la continuidad o conclusión de la sanción disciplinaria.
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Según informó la DNI, la solicitud formal fue elevada a la Procuraduría con el objetivo de clarificar si, de acuerdo con el artículo 217 del Código General Disciplinario, la suspensión se encuentra vigente, fue extendida o si se dictó una resolución absolutoria o de archivo.
La entidad gubernamental subrayó que hasta la fecha no ha recibido respuesta del órgano de control, lo que genera una situación de indefinición institucional. La entidad reiteró su compromiso de colaboración con las autoridades y de respeto al debido proceso en el desarrollo de la investigación.
Origen de la investigación y decisión de suspensión
El 27 de noviembre de 2025, la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Wilmar Mejía y del entonces general del Ejército, Juan Miguel Huertas, como parte de una investigación que indaga presuntos favorecimientos a alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc, según reportó Noticias Caracol en una investigación.
La medida cautelar fue confirmada por el viceprocurador general el 23 de diciembre de 2025, tras la aparición de archivos atribuidos al jefe disidente. El fundamento de la decisión radica en la posibilidad de que los investigados influyeran en la recolección de pruebas o en el curso del proceso disciplinario.
En declaraciones recogidas por el medio citado, un integrante disidente —identificado como alias Richard— afirmó que Mejía sostuvo encuentros en territorio venezolano con mandos de estructuras armadas, y lo señaló además como “El Chulo”.
La investigación disciplinaria también abarca la presunta entrega de códigos radiales de la fuerza pública, así como la promoción de empresas de seguridad que, según la hipótesis investigativa, podrían facilitar la legalización de armas y la protección logística de integrantes de grupos armados ilegales.
Revelaciones periodísticas y repercusiones públicas
Noticias Caracol que expuso documentos y comunicaciones atribuidas a alias Calarcá, en los que se menciona tanto a Huertas como a Mejía. Los archivos indican que Huertas, que había sido reintegrado al Ejército durante el gobierno de Gustavo Petro, habría sostenido reuniones en Bogotá con allegados al cabecilla disidente.
Según el reportaje, el objetivo de estos encuentros habría sido explorar la creación de una empresa de seguridad orientada a facilitar la movilidad de miembros de las disidencias y la legalización de armas bajo el amparo de actividades empresariales.
Dentro de los documentos revisados por la Procuraduría, se encuentran comunicaciones en las que integrantes de la estructura ilegal afirmaban que el general Huertas podría constituirse en un apoyo estratégico, dada su presunta cercanía con el presidente de la República. Estos elementos forman parte del material probatorio evaluado por el Ministerio Público en el proceso disciplinario.
En cuanto a Wilmar Mejía, la investigación lo ubica como una figura clave en la presunta intermediación entre organizaciones criminales y miembros de la fuerza pública. El funcionario, cercano al presidente Petro, expresó públicamente su inconformidad frente a la suspensión, sugiriendo posibles motivaciones ocultas detrás de la medida. “¿A quién le hacen el trabajo? ¿Qué callos pisé que han desatado tanta furia sobre mí?”, cuestionó Mejía en declaraciones difundidas por canales oficiales.
Mientras la Dirección Nacional de Inteligencia insiste en la necesidad de una respuesta clara por parte de la Procuraduría, la situación legal de Wilmar Mejía permanece en suspenso.
El caso sigue abierto y las investigaciones continúan, con la expectativa de que las autoridades esclarezcan si existen elementos para prorrogar la medida disciplinaria o archivar el proceso.
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