La Corte Constitucional de Colombia convocó a una mesa técnica con participación de delegados del sector salud para el 13 de abril, en el marco del incidente de desacato abierto contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El motivo es evaluar el cumplimiento de una orden judicial sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un punto central para el financiamiento del sistema de salud del país.
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La Sala Especial de Seguimiento advirtió que nuevos incumplimientos de lo dispuesto en el auto 2049 de 2025 podrían implicar sanciones para el Ministerio de Salud.
En diciembre, la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra Jaramillo por no acatar el auto 007 de 2025, que declaró insuficiente el valor de la UPC fijado para 2024. La jurisprudencia exige revisar dicho valor considerando la cifra correspondiente a 2023 y los análisis técnicos requeridos por la misma institución.
El numeral 3.11 del auto ordena al ministerio garantizar un sistema de información confiable, asegurar la suficiencia de la UPC para ambos regímenes y equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95% de la del régimen contributivo, hasta demostrar la suficiencia del subsidio. Además, obliga a informar semestralmente sobre las medidas adoptadas y los resultados.
La Sala Especial de Seguimiento explicó la finalidad de la mesa técnica: “Esta decisión responde a la necesidad de recaudar información estrictamente técnica que permita esclarecer los aspectos centrales relacionados con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), asunto que dio lugar a la apertura del incidente de desacato”, según indicó la sala. En este espacio participarán entidades de control, autoridades sanitarias, asociaciones gremiales y centros académicos.
El Ministerio de Salud debe responder ante este foro a las preguntas técnicas que serán establecidas en un auto metodológico específico. La sala aclaró que, aunque el incidente de desacato no es sancionatorio en sí mismo y busca garantizar el derecho fundamental a la salud, sí contempla sanciones en caso de reiterados incumplimientos.
El debate sobre la gestión del ministro Jaramillo se intensificó tras la expedición de un decreto gubernamental que obliga al traslado de cerca de 2,6 millones de afiliados desde otras entidades hacia la Nueva EPS, actualmente bajo intervención estatal.
Después de la publicación de esta normativa, fue presentada ante el Consejo de Estado una solicitud de apertura de incidente de desacato contra Jaramillo, promovida por el candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Forero.
Según explicó Forero en un mensaje a través de la red social X, la petición alega que el ministro reincidió en implementar el contenido de un decreto previamente suspendido por la justicia.
Forero solicitó también la suspensión provisional del nuevo decreto 0182 y acusó al ministro de desoír las órdenes del Consejo de Estado: “Es inaceptable lo que está haciendo el ministro”, señaló Forero, que cuestionó que la decisión se toma a pesar de recientes fallecimientos de pacientes afiliados a la Nueva EPS, con referencias específicas a casos como el de Kevin Acosta y doña Cecilia.
De acuerdo con Forero, el Gobierno busca transferir a la Nueva EPS —“que se está cayendo a pedazos”, como calificó— unos 2,6 millones de usuarios desde otras EPS como Sura y Sanitas, entidades que, según el congresista, “están funcionando mejor”.
El congresista enfatizó que el ministro “no puede seguir burlándose del Congreso y de la justicia, y no puede seguir burlándose de los pacientes”, e instó al Consejo de Estado a suspender la medida, recordando que anteriormente el decreto 0858 fue suspendido para proteger a los afiliados.
La Corte Constitucional subrayó que el principal objetivo del proceso de desacato es que el Ministerio de Salud cumpla de manera efectiva con las órdenes judiciales orientadas a asegurar el derecho esencial a la salud. El análisis técnico en torno a la UPC es calificado como un insumo fundamental para definir una salida definitiva al incidente de desacato.
Los diferentes sectores convocados a la mesa técnica —organismos de control, autoridades sanitarias, gremios y academia— serán claves para fortalecer el seguimiento en este proceso judicial. Según las órdenes de la Corte, el ministerio debe mantener la equidad y suficiencia en el cálculo del pago per cápita que financia la atención médica, con el propósito de que el sistema pueda responder a las necesidades de la población sin discriminación entre regímenes contributivo y subsidiado.
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