Hombre alertó a mujer sobre presunto robo en su local comercial y terminó desmembrandola: el cuerpo lo abandonó dentro de una caja

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Martín Alonso Garcés Carvajal la tortura y muerte violenta de una mujer en Medellín, departamento de Antioquia, tras mantenerla privada de su libertad durante cuatro días y ocultar el cuerpo desmembrado en una caja abandonada en vía pública.

El caso estremeció a la ciudad después de que la víctima, cuya identidad no se detalla en el comunicado del ente investigativo fechado el 28 de febrero de 2026, fuera citada por el procesado bajo el pretexto de un supuesto robo de teléfono celular en el local donde ella trabajaba.

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Luego de ese contacto, Garcés Carvajal, de 56 años, la trasladó en una motocicleta y, de acuerdo con materiales recabados por la Fiscalía, la mantuvo bajo su control entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024.

Las investigaciones incorporan material videográfico de cámaras de seguridad, que documentan los desplazamientos de la mujer junto a Garcés Carvajal durante ese lapso.

Después de cuatro días sin que la víctima fuese vista con vida, su cuerpo mutilado fue hallado en una caja en la vía pública de Campo Valdés, barrio de la comuna cuatro de Medellín. En la caja se localizaron además prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula.

Varios testigos situaron nuevamente a Garcés Carvajal en el sitio de trabajo de la mujer tras el crimen. Según esos relatos, el acusado se jactó del asesinato y lanzó advertencias inquietantes: “Me faltan más mujeres por atacar”, lo cual figura entre los principales indicios de peligrosidad recogidos en el expediente.

El operativo para capturar a Garcés Carvajal se efectuó mediante registro y allanamiento en un inmueble del sector San José de la Cima, en el barrio Manrique. Durante la diligencia la Fiscalía decomisó una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas.

La unidad de fiscales de la Seccional Medellín imputó a Garcés Carvajal los delitos de tortura y homicidio agravado. El acusado se declaró inocente y no aceptó cargos. Sin embargo, un juez penal de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, dada la gravedad de los hechos y el riesgo para la sociedad.

Abusador sexual fue condenado a 57 años de cárcel en Cali

La sentencia judicial que condenó a Wilson Alexander Prado Cabezas a más de 57 años de prisión marca el desenlace de una de las investigaciones criminales más complejas en el Valle del Cauca. El fallo, sustentado en pruebas técnicas y testimonios, cierra el historial de delitos sexuales cometidos por un agresor que actuó durante varios meses en la región.

Las autoridades lograron identificar a Prado Cabezas como el responsable de una serie de retenciones y agresiones sexuales cometidas contra al menos nueve mujeres entre julio y noviembre de 2022. El operativo para su captura fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que documentaron el modus operandi del acusado y lo presentaron ante la justicia.

El caso estuvo a cargo de un fiscal especializado de la Seccional Cali, que recopiló testimonios y pruebas periciales que permitieron reconstruir la forma en que Prado Cabezas contactaba a sus víctimas. Según la investigación, el agresor utilizaba plataformas virtuales para ganarse la confianza de mujeres jóvenes, a quienes abordaba con propuestas falsas o servicios de transporte en motocicleta.

Una vez convencidas, Prado Cabezas conducía a las víctimas a zonas apartadas de municipios como Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí. Allí, bajo amenazas de muerte y violencia física, las despojaba de sus pertenencias y las sometía sexualmente. Las edades de las afectadas oscilaban entre los 20 y los 40 años.

La solidez de la acusación se vio reforzada por los análisis genéticos realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El dictamen pericial fue concluyente: “el perfil genético de Wilson Alexander Prado Cabezas coincide en un 99,99 % con las muestras obtenidas de las víctimas”, señalaron los expertos forenses. Este dato resultó crucial para vincularlo a los hechos y consolidar la acusación ante el juez penal.

Además de la violencia sexual, la investigación documentó situaciones de retención prolongada. Algunas de las sobrevivientes fueron privadas de la libertad mientras Prado Cabezas exigía a sus familiares pagos de rescate que iban desde USD 0,75 hasta USD 750 mil (convertidos de $3 a $3.000 millones colombianos), evidencia de la gravedad de los delitos cometidos.

El juez penal de conocimiento declaró la responsabilidad de Prado Cabezas por los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión. En el fallo, el magistrado estableció que se trataba de conductas agravadas y ordenó una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la reclusión en un centro penitenciario.