Gustavo Petro se despachó contra la Acemi por cuestionar el decreto de traslado masivo a usuarios de EPS intervenidas

Al presidente Gustavo Petro no le gustó que los gremios de las EPS mostraran los argumentos en contra del decreto 0182 de 2026, expedido por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que establece una serie de lineamientos para que la operación del aseguramiento en salud sea con un enfoque territorial y poblacional.

Dicha decisión implica una distribución masiva de usuarios de las EPS intervenidas por el Gobierno Petro bajo criterios actualizados de habilitación territorial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha situación no tuvo el visto bueno, no solo de las EPS a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), sino de grupos del personal de salud, que identificaron riesgos y desafíos de carácter financiero y logístico derivados de esta transición.

Luego de que el ministro de Salud defendiera la medida, el jefe de Estado agregó su punto de vista, no sin antes enviar su ‘directazo’ a los integrantes de Acemi, a quienes acusó de tener intereses económicos.

"A qué mente se le ocurre, que no sea la de ACEMI, que es mejor tener una EPS con los afiliados dispersos en todo el país, que cerca a los servicios con que cuenta“, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Dijo que “el único interés para impedir eso es seguir pagando gastos costosísimos a pacientes y acompañantes para seguir llevando pacientes lejos de su casa a las clínicas del dueños de la EPS cuando existen clínicas capaces cerca a la vivienda del paciente”.

Ministro de Salud defendió el decreto

El ministro Jaramillo fundamentó la expedición del decreto 0182 de 2026 en la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de 2015, en una orientación para garantizar el acceso y la calidad de los servicios para sectores de población con baja densidad y difícil cobertura geográfica.

Jaramillo precisó que reorganizar el sistema de aseguramiento busca ordenar la atención según la escala poblacional y la presencia territorial de las EPS.

En sus palabras, en diálogo con Caracol Radio, dijo: “Queremos organizar absolutamente toda esta población que es la más vulnerable”. Jaramillo agregó que el proceso será gradual para asegurar una transición sin traumatismos para los usuarios.

El ministro de Salud también contrastó la nueva reorganización con la actuación del gobierno anterior, encabezado por Iván Duque. Según Jaramillo, la liquidación de once EPS bajo la pasada administración provocó un traslado “masivo, óigase bien, masivo, de 10.652.000 afiliados de manera totalmente indiscriminada”.

Esta decisión, argumentó Jaramillo, generó dispersión en la población de usuarios y una notoria ausencia de las aseguradoras en zonas apartadas.

Jaramillo ilustró las deficiencias resultantes de esa medida citando casos de EPS como Coosalud, que posee, según él, miles de afiliados en localidades donde no tiene oficinas ni infraestructura, como en Santa Bárbara, Antioquia o Planadas, Tolima. Situaciones similares se presentaron en departamentos como Chocó, donde existen EPS con pocos usuarios y sin red prestadora adecuada, dijo Jaramillo.

Los riesgos resaltados por Acemi

Acemi advirtió que el decreto podría agudizar la crisis en el acceso a tratamientos y medicamentos al permitir el traslado de usuarios a EPS intervenidas.

Acemi alertó que la redistribución de afiliados establecería una mayor concentración de usuarios en Nueva EPS, entidad que, según estimaciones del gremio, sumaría 2,6 millones de nuevos afiliados a los más de 11,5 millones actuales, lo que implicaría un incremento del 22,6%.

En ese sentido, se cuestionó la “capacidad financiera y operativa” de la Nueva EPS, tras la falta de presentación de estados financieros desde 2023 y constantes problemas en la atención, entrega de medicamentos y acceso a procedimientos, por lo que, de acuerdo con Acemi, esta EPS no está en condiciones de recibir usuarios adicionales ni de garantizar el correcto acceso a los servicios de salud.

Entre los efectos señalados por Acemi están el retiro de algunas EPS de municipios donde no llegan al mínimo de afiliados exigido, la reasignación de población en zonas con operadores fuertes y un aumento de cerca del 40% en usuarios para EPS bajo intervención. A la vez, las EPS que componen Acemi, sin intervención, proyectan perder más de 800.000 afiliados bajo estos nuevos criterios.

La organización consideró que el decreto replica la finalidad del Decreto 0885 de 2025—suspendido por el Consejo de Estado—, interpretándolo como un desacato judicial y, por tanto, “ilegal”. El grupo empresarial afirmó que la “territorialización del aseguramiento” requiere vía legal y no una simple reforma administrativa. Según Acemi, ocho EPS intervenidas ya acumulan más de 24 millones de afiliados con resultados financieros críticos, lo que dificulta cualquier redistribución equilibrada entre entidades.

El gremio anunció acciones legales contra la norma, tras considerar que su implementación representa “serios desafíos para la operación del sistema de salud” y pone en riesgo la continuidad y oportunidad de la atención para millones de pacientes, especialmente para quienes verían reasignada su EPS.