El Gobierno de Gustavo Petro evalúa la estatización total de la Nueva EPS y el saneamiento de sus finanzas, en un contexto en el que el país enfrenta el segundo déficit fiscal más alto del mundo y la deuda de la entidad supera los 21 billones de pesos, una cifra equivalente a casi la mitad del presupuesto anual del Ministerio de Salud.
La medida exigiría obtener nuevos préstamos para asumir los pasivos de la EPS, pese a que Colombia destina uno de cada tres pesos que recauda al pago de intereses de la deuda pública.
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El patrimonio negativo de la Nueva EPS se amplió a 6,25 billones de pesos y sus problemas financieros han tenido un impacto directo en la atención a los usuarios.
Datos de la Contraloría General de la República, citados por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), indican que la deuda de la entidad creció 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de $5,42 billones a $21,37 billones, mientras que el patrimonio pasó de un saldo positivo de 485.209 millones a una cifra negativa de 6,25 billones.
En el Gran Encuentro Nacional de Salud, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo anunció que el Estado ya posee el 51% de las acciones de la Nueva EPS, pero la intención oficial es convertirla en una aseguradora completamente pública y absorber la totalidad de sus pasivos.
Jaramillo afirmó: “La nueva EPS ya es mayoritaria del Estado y el presidente dijo claramente que vamos a sacar nuevos recursos, así sean nuevos préstamos, para pagar las deudas que tiene la Nueva EPS”.
La instrucción de Gustavo Petro al Ministerio de Hacienda es buscar financiamiento para saldar las obligaciones de la EPS, comenzando por los hospitales públicos. No obstante, el propio ministro de Salud reconoció la dificultad de acceder a recursos: “Podrían venir de préstamos” dijo, en un contexto en el que, según The Economist, Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal de -7,5% del PIB, solo superado por Egipto. A marzo de 2025, la deuda pública bruta nacional ascendía a 1.192 billones de pesos, correspondiente al 65% del PIB.
El costo de asumir la deuda institucional de la Nueva EPS, que supera 21 billones de pesos, equivale a comprometer casi la mitad de los 64,94 billones que representa el gasto público total en salud para 2025.
El deterioro financiero de la EPS se expresa en la atención diaria. En 2025, las quejas de usuarios subieron 107% hasta alcanzar 14.603 registros ante la Defensoría del Pueblo. Además, 95 instituciones prestadoras de salud impusieron embargos por más de 2 billones de pesos debido a impagos.
Según Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, la situación es crítica más allá de los balances: “Lo que estamos presenciando con la Nueva EPS no es solo una crisis de balances contables, sino una que pone en riesgo vidas humanas porque el sistema ha dejado de funcionar para quienes más lo necesitan”.
Gaitán subrayó la necesidad de implementar soluciones de emergencia: “No podemos seguir administrando una crisis que se agrava cada mes. Necesitamos decisiones que prioricen la vida y la salud de más de 11 millones de afiliados”.
Desde el sector hospitalario, se reporta que el costo de prestar servicios supera los ingresos de la EPS y que la intervención estatal ordenada en abril de 2024 no ha revertido estos problemas.
Afidro solicitó la creación de una Mesa Técnica de Emergencia con la participación del Ministerio de Salud, la Superintendencia, la Adres, gremios hospitalarios y asociaciones de pacientes para definir un cronograma de estabilización.
Además, pidieron el establecimiento de flujos directos y trazables desde la ADRES hacia los prestadores y un plan de contingencia para garantizar los tratamientos de 11,7 millones de afiliados.
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sostiene que el problema estructural está en las EPS privadas, que priorizan pagos a clínicas vinculadas verticalmente antes que a hospitales y clínicas independientes.
“Se tiene que acabar el negocio de la salud en Colombia”, reiteró, línea argumental que mantiene desde que asumió el cargo. Bajo este enfoque, la estatización de la Nueva EPS no sería un gasto sino una reforma necesaria para corregir el modelo vigente.
El Gobierno asegura que los recursos del sistema han sido transferidos de forma puntual. “Ya se pagó todo el régimen subsidiado la primera semana, es decir, para 27,4 millones de personas. Mañana queda pago totalmente febrero, también el régimen contributivo”, detalló Jaramillo, que cuestionó por qué persisten los impagos en hospitales y la falta de medicamentos si los desembolsos ya se realizaron.
Para hacer frente a la interrupción de pagos, la propuesta oficial incluye que la Adres actúe como garante de créditos a hospitales públicos y clínicas privadas, permitiendo mejorar su situación financiera temporalmente hasta que se regularicen los flujos de pago.
La discusión central sigue abierta: si un Estado con un déficit fiscal récord puede o no asumir la deuda y transformar el sistema, o si la apuesta por un modelo completamente público podrá garantizar la continuidad y calidad en la atención para millones de colombianos.
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