El 24 de noviembre de 2024, Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, director de la Policía Nacional, murió tras recibir un disparo en el tórax, en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá.
Tras más de un año de investigación, la Fiscalía General de la Nación determinó que cinco personas afrontarán cargos por la supuesta tortura y asesinato del joven de 21 años. La formulación de acusaciones se basa en irregularidades detectadas en la recolección de pruebas y la declaración de testigos, lo que abre nuevas líneas de investigación y cuestiona la validez de elementos materiales presentados hasta la fecha, informó Caracol Radio.
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El caso cobró notoriedad tras la negativa, el 14 de julio de 2025, de un juez de conocimiento en Bogotá a la solicitud de preclusión presentada por el ente acusador en favor de Andrés Camilo Sotelo Torres, principal imputado por el homicidio de Juan Felipe Rincón.
El juez ordenó profundizar la investigación, advirtiendo sobre “deficiencias en la recolección de pruebas y en la verificación de varios elementos clave”.
En el expediente conocido por el mencionado medio consta que los cinco señalados, Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherin Andrea Sotelo Torres y otras tres personas, serán imputados por tortura, uso de menores en la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de pruebas materiales y soborno a testigos.
La denuncia fue formalizada por el general William Rincón, padre del joven asesinado, a través del abogado defensor Juan Felipe Criollo, quien planteó que la muerte de su hijo constituía un acto de tortura.
El hallazgo de una segunda arma y dudas sobre la escena del crimen
Investigadores privados contratados por la familia Rincón hallaron en el lugar de los hechos seis vainillas, una de ellas —marca L84— que no corresponde al arma asignada al escolta Sergio Rico Rueda. Este dato indica la intervención de al menos una segunda arma de fuego.
Según el expediente al que accedió el medio citado, los videos obtenidos de cámaras de seguridad y grabaciones de vecinos confirmarían que se escucharon al menos ocho disparos durante el ataque. El arma del escolta disponía de solo seis cartuchos, lo que sugiere manipulación o alteración de la escena.
El ente acusador presentó como prueba una camiseta con orificio de bala, pero informes forenses aseguran que Juan Felipe Rincón no vestía esa prenda en el momento de la agresión. Este hecho genera dudas sobre la cadena de custodia y la autenticidad del material probatorio.
La investigación expone que un perfil falso de Instagram habría servido para captar a Rincón Morales mediante una conversación digital que derivó en un encuentro físico el 23 de noviembre de 2024. Ese día, la víctima fue inducida a recoger a una menor de 15 años en el centro comercial Titán Plaza y trasladarse al barrio Quiroga, donde se perpetró el homicidio.
La denuncia presentada el 20 de enero de 2025 señala que el ataque fue premeditado. En ese lugar, Andrés Camilo Sotelo Torres, su hermana Katherin, Sebastián Correal Ramos, Cristian David Ortiz Castro y Tatiana Vega López, junto a otras personas, rodearon a la víctima, propinándole golpes con palos, la cacha de un revólver y otros objetos contundentes. Testigos refieren que le gritaban “violador” durante la agresión, mientras Sergio Felipe Rico —escolta y testigo— relató detalles del ataque el mismo 24 de noviembre de 2024.
Elementos probatorios: lesiones, testimonios y móvil del crimen
El informe de necropsia de Juan Felipe Rincón cita fracturas costales, trauma de cráneo y múltiples hematomas. Las declaraciones de testigos y grabaciones reunidas por la Fiscalía corroboran la intensidad de la agresión.
Las menores implicadas sostuvieron en diligencias formales que los agresores planificaron “castigar” a la víctima por una supuesta interacción inapropiada con una menor. Videos en poder de la autoridad prueban la brutalidad premeditada del ataque.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que Rincón Morales falleció de manera violenta a causa de un disparo, que atravesó estructuras vitales torácicas, incluyendo pulmones y corazón, y provocó una hemorragia masiva. El peritaje también certificó que la víctima no tenía rastros de consumo de sustancias psicoactivas.
“Hay indicios que deben ser evaluados de manera seria y exhaustiva, incluyendo la posibilidad de un trasfondo económico o de amenazas previas”, precisó el juez durante la última audiencia, de acuerdo con Caracol Radio.
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