La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de violencia en Colombia durante 2025, en el que advierte un deterioro en las condiciones de seguridad y un aumento de las afectaciones contra la población civil, según información conocida por Blu Radio.
El documento señala que la reorganización y expansión de grupos armados ilegales podría comprometer los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz.
El reporte detalla que la confrontación entre estructuras armadas, organizaciones criminales y la fuerza pública tuvo un impacto significativo en regiones como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta y Antioquia. Según el informe, en estos territorios se registraron desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual y reclutamiento de menores.
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Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la situación de la niñez. La ONU verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas durante 2025, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor debido al subregistro. Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en contextos de reclutamiento en zonas como Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander.
El organismo también alertó sobre el uso de redes sociales para captar menores, señalando que algunas plataformas digitales serían utilizadas para promover mensajes asociados al poder y al dinero vinculados con la violencia armada. Según el documento, esta situación motivó llamados a fortalecer la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente a la prevención de violaciones de derechos humanos.
La ONU indicó que, además de los medios digitales, los grupos armados han recurrido a espacios comunitarios para acercarse a menores de edad, generando vínculos afectivos y ofreciendo promesas de protección o apoyo económico. El informe advierte que estas prácticas afectan especialmente a niñas y adolescentes en zonas rurales.
En materia educativa, el reporte señala que en departamentos como Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En algunos casos, escuelas habrían sido utilizadas para reclutar estudiantes indígenas, lo que incrementa el riesgo para comunidades en situación de vulnerabilidad.
El informe también describe patrones de violencia de género en territorios afectados por el conflicto. La ONU documentó denuncias relacionadas con violaciones sexuales, embarazos forzados y restricciones en el acceso a servicios de salud. Según el organismo, estas acciones reflejan formas de control social ejercidas por actores armados sobre comunidades enteras.
Otro de los datos destacados corresponde al desplazamiento forzado. De acuerdo con la ONU, este fenómeno aumentó 85 % frente a 2024. Solo en la región del Catatumbo se reportaron más de 89.000 personas desplazadas, en medio de disputas por el control territorial y economías ilícitas. También se registró un incremento del confinamiento en departamentos como Chocó, Cauca y Bolívar.
En relación con las masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, dejando un total de 174 víctimas. El informe atribuye la mayoría de estos hechos a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, señalando que en gran parte de los casos las disputas por economías ilegales serían la principal motivación.
El documento también registró 207 denuncias de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 99 fueron verificadas como asesinatos relacionados directamente con su labor. Entre los principales afectados se encuentran líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, lo que evidencia un impacto diferencial sobre comunidades históricamente vulnerables.
En cuanto a la seguridad general, el informe menciona ataques contra la fuerza pública en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, además de la continuidad de acciones armadas en otras regiones del país. Según cifras citadas en el reporte, durante 2025 murieron integrantes de la fuerza pública y cientos resultaron heridos en medio de acciones violentas.
La ONU también expresó preocupación por la política de “paz total”, señalando que, aunque existen procesos de negociación en marcha, no se han logrado frenar de manera efectiva violaciones graves como el reclutamiento de menores o los asesinatos de líderes sociales. El organismo indicó que persisten retos en la participación segura de las comunidades y en la garantía de los derechos de las víctimas.
El informe incluye además alertas sobre desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad utilizadas como mecanismos de control social. En regiones como Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron casos durante 2025, mientras que en Arauca aumentaron las denuncias relacionadas con detenciones ilegales y tratos crueles.
Finalmente, la ONU advirtió que la persistencia del conflicto armado y el control territorial ejercido por grupos ilegales está debilitando el tejido social en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El documento concluye que la combinación entre violencia preelectoral, desinformación y polarización política representa un riesgo adicional para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en el país.
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