El 26 de febrero de 2026, el Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, aumentó del 30% a 50% el arancel impuesto a los productos colombianos, la medida, que aplicará desde el 1 de marzo, profundiza la guerra comercial entre ambos países.
Según las autoridades ecuatorianas, la ausencia de diálogo efectivo y cooperación en materia de seguridad fronteriza fue clave para tomar la decisión. Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, aseguró que el Gobierno ecuatoriano adoptó la medida porque “se ha cortado el diálogo” con el Ejecutivo de Gustavo Petro y no hay un avance en el control del crimen organizado.
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“Debo decir que no hay diálogo, se ha cortado el diálogo con Colombia y por eso la medida tomada. Pero más allá de eso, no hemos recibido una respuesta favorable por parte de Colombia”, dijo en una entrevista con Ecuavisa.
Jaramillo especificó que la imposición del nuevo arancel podría impactar a cerca de un tercio de las exportaciones ecuatorianas a Colombia. El funcionario sostuvo que, a largo plazo, esto podría representar una oportunidad para Ecuador en términos de reducción del déficit comercial, aunque reconoció que ese no es el objetivo principal de la medida, sino una respuesta por la falta de avances de Colombia en seguridad.
El ministro reprochó la decisión de Colombia de prohibir el ingreso de varios productos ecuatorianos sin previo aviso, sin otorgar “un plazo para poder accionar y que los productos no sean detenidos en la frontera”. Jaramillo calificó la situación como “muy fuerte”, subrayando que la estabilidad del comercio entre ambos países depende de mayores controles y garantías en la zona limítrofe.
Para el titular de la cartera de Producción, “la pelota está en la cancha de Colombia y esperamos una respuesta positiva en cuanto a mayor control en la frontera. No puede haber comercio sostenido si no hay control y seguridad en la frontera”.
Las declaraciones de Jaramillo contrastaron con la postura reciente de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, quien había sostenido que todavía existía línea de diálogo con Colombia, incluso tras la aplicación de aranceles a 73 productos ecuatorianos.
Frente a la decisión del vecino país, Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (CIT), sostuvo que el Gobierno Petro evalúa la posibilidad de implementar una medida similar a la impuesta por Ecuador.
“Estamos estudiando la posibilidad de modificarlo también al 50 por ciento, este arancel, y de contemplar otras subpartidas, otros productos provenientes de Ecuador, de alguna manera para buscar ese equilibrio comercial”, aseveró Morales en entrevista con Caracol Radio.
La titular de la cartera, advirtió las implicaciones del aumento arancelario para la economía de ambos países: “Eso tiene impacto importante, por supuesto, no solo para nosotros, sino también para el mercado ecuatoriano, que de alguna manera también depende fundamentalmente de las exportaciones que Colombia hace al país vecino”.
Un conflicto iniciado por medidas de seguridad y resuelto con nuevas restricciones
El conflicto comercial entre Colombia y Ecuador se intensificó desde el 21 de enero de 2026, luego de que el presidente Daniel Noboa impusiera una “tasa de seguridad” del 30 % a los productos colombianos. La motivación declarada fue la “falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la frontera”. Frente a esta decisión, Colombia respondió con un arancel similar y, además, suspendió el suministro eléctrico a Ecuador. Como contramedida, Quito incrementó la tarifa para el transporte de crudo colombiano a través de uno de sus principales oleoductos.
La respuesta colombiana también incluyó restricciones a la entrada por vía terrestre de ciertos productos ecuatorianos, como arroz, camarón, banano y hortalizas. Esto repercutió directamente en los transportistas del lado ecuatoriano, que han manifestado su inquietud por la posible continuidad de estas limitaciones.
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