Decretos de emergencia del Gobierno Petro podrían dar lugar a corrupción, aseguró Transparencia por Colombia

La organización Transparencia por Colombia expresó su preocupación por los riesgos de corrupción asociados a los decretos 0174 y 0175 de 2026, expedidos por el Gobierno de Colombia como parte de las medidas para atender la emergencia invernal que afecta a varias regiones del país.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial en X, la organización señaló que la contratación directa habilitada en este contexto, aunque legal en situaciones excepcionales, abre la puerta a posibles irregularidades, especialmente en medio del actual ciclo electoral.

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“La contratación directa habilitada por el gobierno en los decretos 0174 y 0175 como parte de la respuesta para atender la emergencia invernal, genera riesgos de corrupción preocupantes en plena época electoral”, indicó la organización en su mensaje público.

Los decretos forman parte de las medidas extraordinarias adoptadas tras la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica debido a las inundaciones y afectaciones provocadas por fenómenos climáticos extremos. Entre otras disposiciones, el Decreto 0175 establece mecanismos excepcionales para facilitar la asignación de recursos y agilizar la reactivación del sector agropecuario, incluyendo herramientas administrativas que permitan acelerar la ejecución de programas y proyectos.

Sin embargo, Transparencia por Colombia advirtió que uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de incrementar el valor de contratos ya existentes sin restricciones claras, lo que podría derivar en sobrecostos significativos.

“En particular, llama la atención la posibilidad de adicionar recursos a contratos existentes sin ningún límite. Los bienes o servicios que se contraten bajo esta nueva figura podrían terminar costando muchísimo más de lo establecido en el contrato original”, señaló la organización.

La contratación directa es un mecanismo permitido por la legislación colombiana en casos de emergencia, ya que busca garantizar una respuesta rápida frente a situaciones críticas. No obstante, expertos en transparencia han señalado que su uso implica mayores riesgos si no existen controles estrictos y mecanismos de supervisión robustos.

En este contexto, la organización enfatizó que la coincidencia entre las medidas excepcionales y el periodo electoral exige una vigilancia reforzada por parte de los organismos de control.

“Si bien la ley de garantías permite la contratación directa en emergencias, la coincidencia de estos dos factores debe ser una señal de alerta para la Procuraduría y la Contraloría en la actual coyuntura electoral”, afirmó Transparencia por Colombia.

Ambas entidades tienen la función de vigilar el uso adecuado de los recursos públicos y prevenir posibles irregularidades administrativas o fiscales, especialmente en situaciones donde se flexibilizan los procedimientos habituales de contratación.

Además, la organización subrayó que todas las entidades estatales que recurran a estas disposiciones deberán justificar plenamente el uso de los recursos y demostrar que están directamente relacionados con la atención de la emergencia.

“Todas las entidades que hagan uso de estas figuras habilitadas por el decreto 0175, deberán sustentar que el uso de recursos tenga vínculo con la emergencia y evitar desviaciones hacia otros propósitos, incluyendo los electorales”, advirtió la organización.

Otro aspecto clave señalado en el pronunciamiento es la necesidad de que las entidades públicas documenten adecuadamente las decisiones técnicas que respalden la contratación o la modificación de contratos existentes.

“Las entidades contratantes también deberán evidenciar los parámetros técnicos usados para justificar los contratos o las adiciones. Las emergencias requieren mecanismos ágiles de actuación por parte del Estado, pero sin ceder ante riesgos de corrupción”, concluyó Transparencia por Colombia.

Las advertencias se producen en un momento en que el país enfrenta importantes desafíos derivados de la emergencia climática, que ha afectado a miles de familias, productores y comunidades rurales. Las medidas adoptadas por el Gobierno buscan facilitar la recuperación económica y atender las necesidades urgentes de las zonas impactadas.