Gobierno Petro publicó resolución sobre integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano con orden de extradicción: estos serían los beneficios

El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la resolución 053 de 2026, creando una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, destinada a integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) para facilitar su transición hacia la vida civil.

El grupo insurgente cuenta con aproximadamente 2.500 hombres en armas. Según el Acuerdo No. 10 suscrito el 25 de mayo de 2025 entre el Gobierno y la CNEB, se prevé la capacitación y ubicación temporal de 120 personas: 60 en Putumayo y 60 en Nariño, lo que contempla la apertura de otra zona en este último departamento.

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“Establecer por diez (10) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, una Zona de Ubicación Temporal denominada “Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Vall del Guamuez (ZUT-2OCIUT)” ubicada en el área rural de ese municipio del departamento de Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida”, puntualiza el acuerdo.

La norma determina que durante 10 meses quedarán suspendidas las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que se encuentren dentro de la zona y durante el trayecto previsto, siempre que figuren en el listado validado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Entre los beneficiados destaca Geovani Rojas, conocido como alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera.

“En aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.

En efecto, “igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo 5 del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.

Según indica el documento, si alguno de los integrantes requiere realizar actividades propias del proceso fuera de la zona, el Gobierno deberá informar a la Fiscalía General de la Nación sobre los beneficiarios de la suspensión temporal de las órdenes de captura. Además, se implementarán medidas de seguridad y convivencia para los participantes y las comunidades vinculadas con el proceso.

“En caso de llegar a requerirse adelantar actividades propias del proceso por fuera de la zona, de acuerdo con la programación y en seguimiento a los protocolos establecidos, el Gobierno nacional informará a la Fiscalía General de la Nación los beneficiarios de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, de manera temporal, por esta circunstancia”.

Las autoridades mantendrán el ejercicio pleno de sus funciones, respetando los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, y deberán garantizar el funcionamiento del Estado Social de Derecho sin excepciones.

Mientras avanzan los diálogos de paz entre el Gobierno Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el grupo armado entregó cerca de 14 toneladas de explosivos, minas, morteros y granadas.

En el evento, que se realizó en la Institución Educativa Santa Teresa de Puerto Asís, participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comisionado de Paz, Otty Patiño. Al igual que miembros de la delegación de esa guerrilla, como su jefe negociador, Walter Mendoza, quienes resaltaron la voluntad de paz de la CNEB.

En representación del Gobierno asistieron la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller, y el director de la Agencia de Restitución de Tierras, Raúl Delgado.