El 27 de febrero de 2026, un juez de Estados Unidos condenó a Michael Jamie Inofuentes, ciudadano americano de 45 años originario de Virginia, a 18 años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 15 años en Medellín, Antioquia.
La condena, emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia luego de una investigación transnacional, puso en evidencia la colaboración articulada entre autoridades de ambos países y sienta un precedente en la lucha contra la explotación sexual de menores.
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Entre las pruebas decisivas para la condena se encuentran las conversaciones por WhatsApp mantenidas entre Inofuentes y la víctima, en las que quedó demostrado que el acusado entregó dinero en tres ocasiones a la menor, simulando interés por su situación de vulnerabilidad y usando el alias Laura para contactarla. La investigación también reveló que la adolescente quedó embarazada a raíz de los encuentros con Inofuentes, hecho que éste reconoció tras inicialmente haber negado cualquier relación sexual.
Las pruebas digitales y la operación internacional facilitaron la captura del acusado en Miami
El destino de Inofuentes quedó sellado tras su captura el 4 de noviembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante un acto público donde destacó el “trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington”, la detención fue posible gracias a la alerta emitida por las autoridades colombianas tras la denuncia interpuesta por la madre de la menor.
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En el momento de su detención, Inofuentes regresaba de Colombia y se disponía a abordar un vuelo hacia Washington. La recopilación de pruebas digitales, rastreo de movimientos y coordinación judicial entre ambos países permitió formalizar la imputación en territorio estadounidense.
La dinámica del delito y la reincidencia reconocida por el acusado
Según consta en el proceso, Inofuentes pagó entre USD 13 y USD 47 (el equivalente a $50.000 y $180.000) a la menor en diferentes ocasiones, ambos encontrándose en un hotel de Medellín que el estadounidense había llegado a registrar como su segunda residencia.
Las conversaciones y transacciones documentadas ocurrieron entre el 26 de febrero y el 14 de abril de 2024, con un intento no concretado por trasladar a la víctima hacia otra ciudad, frustrado por las restricciones legales sobre el traslado de menores en aeropuertos colombianos.
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Durante la investigación judicial, Inofuentes admitió además que había tenido hijos en Colombia fruto de otros episodios de explotación sexual de menores, aunque no especificó cuántos. Las autoridades se encuentran cruzando información para verificar la veracidad de esta confesión y asociarla a otros posibles casos en curso.
Este fallo eleva a cuatro el número de extranjeros condenados por delitos sexuales contra menores en Medellín. En la misma jurisdicción fueron sentenciados Stefan Andrés Correa y Manuel Poceiro a cadena perpetua y Mohamed Anaswed a 21 años de prisión en Estados Unidos.
“Es la cuarta sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: • Stefan Correa: cadena perpetua. • Manuel Poceiro: cadena perpetua. • Mohamed Anaswed: 21 años. • Michael Jamie Inofuentes: 18 años”.
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El mandatario local subrayó que los operativos continúan mostrando resultados. “Esta semana, en una corte de Miami, el ciudadano Ramón Arellano fue declarado culpable por inducir actividades sexuales con menores en Medellín. En pocos meses se conocerá su condena”, informó Federico Gutiérrez, dejando clara la magnitud transnacional y la respuesta judicial coordinada frente a este tipo de delitos.
A propósito, señaló: “Cero impunidad. Quien venga a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena, incluso fuera del país.
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