El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, impondrá un nuevo tributo a las empresas generadoras de energía, exigiendo el 2% adicional sobre sus ventas brutas por generación propia durante seis meses, como parte de un paquete de reformas para dotar de recursos a la emergencia económica.
El anuncio se dio en Cartagena tras la reunión del Consejo de Ministros encabezado por Gustavo Petro, que se llevó a cabo el 24 de febrero de 2026, por Germán Ávila, ministro de Hacienda, representa apenas el primero de varios decretos fiscales que el Gobierno Petro prevé emitir en el marco de su respuesta a la crisis.
Esta medida tendrá efectos inmediatos en las compañías que operan en cuencas impactadas por la situación de excepción, pero su diseño pretende mantener controlados los precios al consumidor final y asegurar que los fondos resultantes se destinen de manera exclusiva a acciones ambientales y de gestión del riesgo.
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Irene Vélez, ministra encargada de Medio Ambiente, precisó que este nuevo aporte afectará tanto a hidroeléctricas como a plantas térmicas operativas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones particularmente vulnerables en el actual estado de emergencia. Los fondos serán recaudados mediante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y, por disposición expresa, solo podrán emplearse en iniciativas orientadas a la protección ambiental y la reducción de riesgos.
En su intervención, Vélez explicó que, en contraste con anteriores medidas —algunas suspendidas por la Corte Constitucional—, la contribución fue rediseñada para ajustarse a los límites legales de la nueva declaratoria de emergencia: “Ahora no es un impuesto sobre las utilidades obtenidas en el año anterior, sino que se plantea como una contribución que está relacionada con la Ley 99 de 1993, y es el pago que se hace por transferencias del sector eléctrico al Sistema Nacional Ambiental-Sina”.
Aumento temporal de la carga fiscal para hidroeléctricas y térmicas
Actualmente, las generadoras térmicas aportan el 4% y las hidroeléctricas el 6% al Sistema Nacional Ambiental (Sina). Con la nueva norma, el monto subirá al 6% para las primeras y al 8% para las segundas. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), precisó a Semana que se trata de un incremento transitorio, pero significativo en la estructura de costos del sector energético nacional.
Consultado sobre el eventual traslado de este mayor costo a los usuarios, Castañeda subrayó que el impacto no será inmediato. El esquema tarifario del país está sujeto a estricta regulación y, según el dirigente gremial, cerca del 80% de los contratos de suministro de energía ya están firmados para el resto del año, lo que limita la capacidad de modificar precios a corto plazo.
“Los contratos para tenerla, en más o menos el 80% ya están suscritos, por lo tanto, no habría de donde subir. Si se pone el ojo en los precios en bolsa de la energía, en la actualidad deberían estar cayendo, porque hay mucha agua en los embalses para generar. Por consiguiente, los precios de la energía no podrían subir”, afirmó.
El ejecutivo de Andeg agregó que parte del sector eléctrico negocia la energía a través de contratos a largo plazo, lo que dificulta la transferencia directa del alza impositiva a las tarifas en los próximos meses. Sin embargo, Castañeda reconoció que existe la posibilidad de una “tendencia al ajuste en los próximos meses” por la vía de los precios en bolsa, ya que “el mayor costo si se podría trasladar al precio, porque el tema no es de corto plazo”.
El impuesto especial estará vigente por seis meses y su diseño enmarcado en la legislación ambiental responde a la necesidad de encontrar mecanismos alternativos, luego de que el decreto anterior fuera suspendido y se descartara replicar medidas previas.
En este contexto, el líder gremial advirtió, además, que el sector minero energético enfrentará la tarifa más alta impuesta hasta ahora por impuestos al patrimonio, lo que incrementará las presiones sobre la rentabilidad de las empresas generadoras.
El nuevo tributo se suma así al paquete de urgencia adoptado por el gobierno de Gustavo Petro en su estrategia para paliar la crisis financiera y ambiental que afecta a varias regiones del país.
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