Petro salió a defender el impuesto al patrimonio de las empresas por la emergencia económica: “Hace el menor daño”

El Gobierno nacional estableció un impuesto temporal al patrimonio dirigido exclusivamente a personas jurídicas, con el objetivo de obtener recursos urgentes para enfrentar los estragos causados por las inundaciones en varios departamentos de Colombia.

La medida contempla que solo las empresas con un patrimonio líquido superior a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalente a aproximadamente $10.000.000.000, deberán cumplir con la obligación tributaria.

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Con el decreto, la administración liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro aspira a recaudar $8 billones para cubrir los daños y activar la producción en las zonas vulnerables. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló el 24 de febrero de 2026 durante el Consejo de Ministros en Cartagena, Bolívar: “Las circunstancias nos llevaron a plantear este nuevo esquema de medidas, donde el centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”.

Y agregó: “Tuvimos que concentrarnos en el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que toca de alguna forma a los sectores productivos, que no era la intención inicial para estas medidas tributarias”.

De inmediato, los opositores al Gobierno Petro cuestionaron la pertinencia de la medida. Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, considera que el impuesto será pagado por la ciudadanía.

“Para pagar ese impuesto al patrimonio, pues lo que tendrá que hacer es cobrar mayores intereses o cobrar servicios que hoy no cobra y todo eso no lo van a pagar los bancos, lo vamos a pagar los ciudadanos”, dijo a Noticias RCN.

Frente a los argumentos en contra, el jefe de Estado, vía redes sociales, justificó la implementación del impuesto al patrimonio de las empresas. Petro aclaró que el propósito de su decisión es recaudar recursos valiosos par afrontar la emergencia económica sin afectar la producción de las empresas.

Según el análisis de Petro, el sector financiero ha experimentado en los últimos años “un crecimiento inusitado de ganancias derivado del alza permanente de la tasa de interés real”.

Por lo tanto, la búsqueda de recursos para la emergencia derivada de la crisis climática y el rebose ya de varios embalses, busca recursos de empresas de acumulación rentística no productiva en el sector financiero y extractivo minero energético, de tal manera que haga el daño menor posible a la producción real (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Impuesto de Petro a las ganancias de los bancos

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el decreto de emergencia económica impondrá un impuesto a las ganancias extraordinarias, siendo firmado el martes 24 de febrero de 2026. El mandatario explicó que la medida responde al incremento de las utilidades de los bancos, que crecieron un 71% en 2025.

“Este crecimiento de las utilidades no se debe al crecimiento económico real sino al alza de interés interna promovida por el banco de la república”, señaló en sus redes sociales.

El Gobierno nacional atribuye este aumento a la política de tasas impulsada por el Banco de la República, señalando que el resultado no está vinculado con el dinamismo de la economía real. Bancolombia y GNB Sudameris figuraron entre las entidades con mayores beneficios en el último año.

Petro defendió el nuevo impuesto, argumentando que establecer un gravamen sobre estas utilidades “es lo más justo que se puede hacer” y precisó que la disposición será incluida formalmente en el nuevo decreto de emergencia.

En este escenario, banqueros presentaron una contrapropuesta para evitar las inversiones forzosas, proponiendo en su lugar alivios económicos y nuevos créditos productivos destinados a quienes han resultado afectados por la emergencia invernal.

La iniciativa de los bancos contempla la adopción de un paquete de ayudas para las zonas más golpeadas, impulsando créditos que faciliten una recuperación “efectiva”, según expresó Jonathan Malagón, presidente del gremio.

Durante la reunión celebrada el lunes 23 de febrero con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los representantes de las principales entidades financieras, se acordó seguir negociando hasta alcanzar una medida conjunta en los próximos días.