El Juzgado 11 Penal con función de conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien continúa prófugo de la justicia.
Esta decisión, que ratifica la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol, se produjo tras resolver la apelación presentada por la defensa de Manrique y otros siete exfuncionarios implicados en el escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Según los documentos judiciales, el juez consideró que existen elementos suficientes para mantener la medida restrictiva, debido a que Manrique representa un riesgo de evasión y su permanencia en libertad podría interferir en el proceso penal.
El exfuncionario salió del país en agosto de 2025, días antes de que una jueza de control de garantías definiera la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación.
Las investigaciones apuntan a que César Manrique Soacha, junto a otros altos funcionarios, habría participado en una red de direccionamiento de contratos y desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en distintas regiones.
El grupo fue imputado por delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
El expediente recoge que parte del esquema consistió en modificar un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con un valor cercano a $100.000 millones , con el objetivo de beneficiar a contratistas seleccionados previamente.
La Fiscalía estableció que, a cambio de facilitar la adjudicación de los contratos, Manrique habría recibido sobornos por $3.000 millones. Según lo expuesto en audiencias públicas, el dinero fue entregado en efectivo por intermediarios, incluyendo al exsubdirector de la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva.
“Entre enero y marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos, producto de las coimas solicitadas y derivadas del contrato celebrado por la Ungrd con la Corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños”, afirmó la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño.
La Fiscalía documentó que uno de los contratos bajo investigación, firmado en octubre de 2023 entre la Ungrd y la Corporación Mixta Yapurutú por $29.000 millones, presentó sobrecostos superiores a $11.000 millones. Los recursos, según la entidad, se repartieron entre varios de los implicados, incluyendo a Manrique Soacha, otros exfuncionarios y directivos de la fundación contratista.
Además de los cargos vinculados al desvío de fondos para la compra de carrotanques y la atención de la crisis de agua en La Guajira, el caso involucra la supuesta alteración de convenios para la instalación de plantas desalinizadoras y la adecuación de pozos en distintas regiones.
La Fiscalía sostiene que Manrique no actuó solo, sino como uno de los principales articuladores de la estructura criminal, junto a exfuncionarios como Édgar Eduardo Riveros Rey, Sonia Rocío Romero Hernández y Ana María Riveros Barbosa, entre otros.
Desde finales de julio de 2025, cuando se ordenó la detención preventiva, Manrique Soacha no ha comparecido ante la justicia. La circular roja de Interpol continúa vigente en más de 190 países. Algunas versiones señalan que podría encontrarse en Venezuela o en zonas fronterizas, sin que hasta el momento se tenga certeza sobre su paradero.
El proceso judicial también recoge antecedentes de César Manrique Soacha, quien ya había recibido una condena de diez años por beneficiar a una empresa con contratos públicos mientras ocupaba un alto cargo en la administración distrital de Bogotá en 2012.
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