El debate sobre el posible traslado de $25 billones de ahorro individual desde los fondos de pensiones privados hacia Colpensiones generó una advertencia del presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
El líder gremial planteó varios interrogantes de fondo, al señalar: “El efecto será un incremento en la tasa que tendrá que pagar la Nación, aumentando el costo financiero de la deuda colombiana y que ya se consume más del 25% del presupuesto nacional”.
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Mac Master se dirigió directamente al Ejecutivo con una serie de preguntas en su cuenta de X, abriendo con: “¿Sabe el gobierno que para poder trasladar ese inmenso monto, los fondos tienen que salir a vender (rematar) inversiones dentro de las cuales el principal activo es deuda de la nación?”.
Este cuestionamiento expone la preocupación por las estrategias necesarias para reunir semejante cantidad, que recae principalmente en la venta acelerada de activos financieros.
En su análisis, denunció los riesgos asociados con esa posible liquidación: “¿Sabe el gobierno que cuando se sale a rematar desesperadamente un activo el precio del mismo se desploma?”.
Al intercalar su crítica con nuevas dudas, insistió en el impacto inmediato sobre los titulares de esos bonos: “¿Sabe el gobierno que cuando se desploma el valor de un activo financiero, la tasa de interés se aumenta consecuentemente?”.
A lo largo de su intervención, Mac Master también se cuestionó sobre la transparencia y legitimidad de la propuesta: “¿Considera el gobierno que esa es una decisión que puede a nombre de todos los colombianos en forma arbitraria?”.
Además, planteó otra inquietud sobre el destino de los recursos: “¿Qué piensa hacer el gobierno nacional con esos 25 billones de pesos, que dejarán de transferir a Colpensiones?”.
El Ministerio del Trabajo fijaría plazo de 15 días para que fondos privados traspasen recursos a Colpensiones
El Ministerio del Trabajo de Colombia presentó el borrador de un decreto que obligará a los fondos privados de pensiones a transferir los ahorros de quienes se trasladaron recientemente al régimen público de Colpensiones, en cumplimiento de la Ley 2381 de 2024.
Este proyecto normativo, respaldado por el artículo 76 de la reforma pensional, tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema estatal y garantizar el pago puntual de las mesadas para decenas de miles de afiliados.
Con corte al 5 de febrero de 2026, datos oficiales del Ministerio confirman que 119.632 personas han optado por la denominada “ventana de traslado” que permite el paso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) al Régimen de Prima Media gestionado por Colpensiones. Los requisitos para acceder a esta opción exigen a las mujeres al menos 750 semanas cotizadas y a los hombres 900, además de encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación.
La exigencia central del decreto publicado radica en la rapidez impuesta a las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP): tendrán únicamente 15 días hábiles para transferir la totalidad del capital acumulado, incluidos los rendimientos financieros, desde la entrada en vigor de la norma para traslados ya aprobados.
Para los nuevos traslados, el plazo límite para completar el proceso será el final del mes siguiente a la aceptación formal del traslado. Esta disposición busca impedir que los montos permanezcan bajo gestión privada una vez que la obligación de pago ya corresponde al Estado.
Actualmente, Colpensiones administra y paga 22.472 pensiones correspondientes a personas que migraron desde fondos privados, lo que, según el Ministerio, refuerza la urgencia en la transferencia de recursos para evitar déficits operativos en el sistema público.
La concentración de estos fondos tiene como finalidad garantizar la “solidaridad intergeneracional” y asegurar el pago no solo de pensiones de vejez, sino también de prestaciones por invalidez y sobrevivencia de manera ininterrumpida.
Según el Ministerio del Trabajo, la norma no se limita a establecer un procedimiento administrativo, sino que transforma la gestión de los recursos en una estrategia destinada a mantener la viabilidad del aparataje público.
“Al centralizar estos recursos, el sistema público busca asegurar que no solo se paguen las pensiones de vejez, sino también las prestaciones por invalidez y sobrevivencia de forma ininterrumpida”, señala el organismo rector.
El nuevo decreto impactará directamente en el calendario y flujo de transferencias entre los actores del sistema previsional colombiano, introduciendo plazos perentorios para las AFP y blindando a la estructura estatal ante potenciales desfases financieros.
De este modo, quienes ejercieron el derecho al traslado, así como los actuales y futuros afiliados bajo las condiciones de la Ley 2381, verán garantizadas sus prestaciones desde el régimen de Colpensiones conforme a los términos y procesos expuestos en el documento oficial.
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