La Contraloría General de la República advirtió que fallas en los controles internos y en la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) están poniendo en riesgo bienes del Estado por miles de millones de pesos.
En un informe de auditoría conocido en las últimas horas, el ente de control identificó irregularidades en el manejo de recursos públicos valorados en $8.839 millones durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
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El documento anticipa la apertura de procesos fiscales y disciplinarios y exige a la entidad la adopción inmediata de un plan de mejoramiento.
Según la Contraloría, las deficiencias detectadas comprometen la adecuada administración de propiedades sometidas a extinción de dominio, es decir, bienes incautados a estructuras criminales y que hoy hacen parte del inventario estatal bajo custodia de la SAE.
De acuerdo con el informe oficial, se consolidaron 22 hallazgos administrativos, de los cuales once tienen presunta incidencia fiscal y diecisiete posible alcance disciplinario.
La SAE, encargada de custodiar, administrar y comercializar bienes decomisados a organizaciones ilegales, enfrenta cuestionamientos por debilidades operativas que, a juicio del órgano de control, afectan la eficiencia y transparencia de su gestión.
La auditoría evidenció problemas en el seguimiento de inventarios, fallas en la coordinación interdepartamental y deficiencias en los procesos de desalojo de inmuebles ocupados.
Los sistemas de información utilizados por la entidad fueron calificados como poco confiables, lo que dificulta el monitoreo en tiempo real del estado de los bienes y la toma de decisiones oportunas.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría es el incumplimiento reiterado de lineamientos internos relacionados con la ejecución de desalojos, la estimación de cánones de arrendamiento, la comercialización de activos y la rendición de cuentas. Estas omisiones, según el informe, generan riesgos fiscales y pueden derivar en pérdidas para el patrimonio público.
Entre los casos mencionados se encuentra una diligencia de desalojo fallida en un predio que perteneció a alias Portafolio, situación que evidenció dificultades logísticas y jurídicas para recuperar plenamente los activos bajo administración estatal.
Contratos sin pólizas y subarriendos no autorizados
En el frente de inmuebles arrendados, la Contraloría detectó contratos sin pólizas vigentes, subarriendos realizados sin autorización expresa y descuentos aplicados sin soporte técnico suficiente.
Además, se identificaron falencias en la supervisión de reparaciones locativas y en el control del cumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios.
Para el ente de control, estas irregularidades inciden directamente en la conservación y valorización de los bienes administrados por la SAE. La falta de seguimiento adecuado puede traducirse en deterioro físico de los inmuebles y en menores ingresos para el Estado.
Las observaciones también abarcan la gestión de vehículos bajo custodia. El informe señala deficiencias en los procesos de comercialización, asignación y chatarrización de automotores. Un número significativo de estos vehículos permaneció almacenado en patios por más de seis años, generando un costo de bodegaje acumulado de $1.090 millones entre 2021 y 2025.
La Contraloría consideró que esta situación refleja ineficiencias administrativas y constituye un riesgo para la preservación del valor de los activos, que con el paso del tiempo se deprecian y pierden utilidad económica.
Debilidad en control interno y exigencia de plan correctivo
Otro de los puntos críticos del informe es la evaluación de los mecanismos de control interno de la entidad.
La Contraloría concluyó que los sistemas de evaluación y seguimiento implementados por la oficina de control interno de la SAE son insuficientes para prevenir irregularidades y detectar oportunamente fallas en la gestión.
Las deficiencias incluyen omisiones en la aplicación de normas internas y falta de acciones correctivas frente a hallazgos reiterados, lo que incrementa la vulnerabilidad fiscal y administrativa de la entidad.
Ante este panorama, el organismo de control anunció que avanzará en los procesos fiscales y disciplinarios derivados de la auditoría y que realizará un seguimiento estricto al plan de mejoramiento que la SAE está obligada a presentar e implementar.
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