El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, establecido en un 23,7%, lo que subió la remuneración a $2.000.000 para 2,4 millones de trabajadores, generó cambios inmediatos en el sistema de pensiones. El reajuste obligó a los fondos a recalcular las mesadas pensionales, lo que afectó a más de 130.000 personas entre beneficiarios actuales y los que estaban próximos a pensionarse.
De acuerdo con el presidente de Colfondos, Ricardo Guerra, la principal consecuencia fue la eliminación del decreto de deslizamiento, que hasta ahora atenuaba el impacto de incrementos elevados del salario mínimo sobre las pensiones calculadas en función de este parámetro. El dirigente precisó que el costo de una renta vitalicia pasó de cerca de $350 millones a $550 millones. “Eso cambia completamente las ecuaciones, porque bajo el contexto actual una persona necesita hoy $200 millones más para garantizar una renta vitalicia que le cubra hasta su fallecimiento”, indicó a El Tiempo .
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En la modalidad de retiro programado, el ajuste recayó sobre 72.600 pensionados, que vieron cambios en las mesadas anuales. Dicha forma de pensión implica que el fondo hace un recálculo anual al basarse en variables como el salario mínimo vigente. “Si sube el salario mínimo de manera tan abrupta y al mismo tiempo el mercado reacciona, el capital proyectado cambia. Si el capital debe durar más años bajo nuevas condiciones, el valor mensual se ajusta”, detalló.
Los ajustes no fueron uniformes para todos los pensionados. Según Guerra, “fueron casos puntuales, por ejemplo, cuando hay cambios en el grupo familiar o situaciones específicas que obligan a recalcular. Pero sí hubo reducciones producto de esta coyuntura, pero cada caso es particular”. En ciertos casos, estas reducciones alcanzaron cerca de un 30%, aunque no resultaron generalizadas en la totalidad de los pensionados bajo esta modalidad.
Y es que cerca de 6.000 personas que estaban listas para retirarse perdieron la posibilidad de hacerlo en los términos previstos ante el aumento, ya que dejaron de cumplir con el capital exigido para acceder a la pensión. El cambio forzó a estos trabajadores a postergar el retiro laboral, lo que modificó las expectativas de miles de familias que habían planificado recibir la mesada pensional en el corto plazo.
Presión adicional
El Fondo de Garantía de Pensión Mínima soportó una presión adicional luego del ajuste salarial. Guerra indicó que alrededor de 32.000 personas pasaron a depender de este fondo luego del ajuste, un movimiento que tensiona los recursos disponibles.
“Al cierre de noviembre su saldo era cercano a $53 billones”, especificó el presidente de Colfondos al medio. Para 2026, se estima que el fondo necesitará una inyección de $5 billones adicionales para sostenerse en la industria, y es el Gobierno el que debe suplir estos recursos cuando se agoten, de acuerdo con el ejecutivo.
Qué pasó con la renta vitalicia
En la opción de renta vitalicia, cerca de 20.000 pensionados se encontraron con la imposibilidad de adquirir el producto ante la entrada en vigor del nuevo salario mínimo en enero.
Apuntó que, aunque cumplían con las condiciones y estaban listos para contratar la renta vitalicia en diciembre, el incremento en los costos —de $350 millones a $550 millones— los dejó fuera de la alternativa. Así, los que buscan asegurar una mesada fija de por vida frente a los riesgos de mercado enfrentan ahora una meta mucho menos accesible.
Riesgos operativos y nuevas exigencias
Por su parte, el seguro previsional, herramienta diseñada para proteger al afiliado y a sus familiares ante incapacidad, fallecimiento o dificultades para cumplir los requisitos de pensión, también se encareció. Con el aumento del salario mínimo, la tarifa subió de 2,4% a 2,63% del salario, acercándose de forma inquietante al límite legal del 3%.
Dicho nuevo escenario incrementa los riesgos operativos y las exigencias para el Estado, que ya enfrenta desafíos en materia de sostenibilidad del sistema.
Ricardo Guerra advirtió que la cercanía al tope legal del seguro previsional y la creciente presión sobre los fondos y obligaciones estatales ponen al sistema pensional en una situación de riesgo estructural, marcada por una creciente inestabilidad y por la amenaza de dificultades profundas para quienes dependen de una pensión en Colombia.
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