Huelga de hambre de presos políticos en Venezuela: más de 80 colombianos se unen para exigir su liberación

Más de 200 presos políticos en Venezuela siguen en huelga de hambre, una protesta que dejó en evidencia la situación de los detenidos extranjeros, especialmente los más de 80 colombianos recluidos en varias cárceles, la mayoría en El Rodeo I.

La coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), Andreina Baduel, confirmó el lunes 23 de febrero de 2026 que los colombianos se sumaron a la huelga. “Debemos decir que los presos políticos extranjeros se sumaron a esta huelga, incluso los colombianos”, declaró Baduel, que también explicó que la acción responde “por la dignidad y sus motivos fueron la celeridad de las liberaciones”.

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Baduel advirtió sobre el grave estado de salud de parte de los huelguistas, señalando que más de 50 personas están en condiciones delicadas, incluidas personas mayores de 70 años que permanecen recluidas en El Rodeo.

La activista destacó la preocupación por el deterioro físico de los presos y la urgencia de una respuesta humanitaria.

Entre las exigencias de los presos, destaca la petición de que el cardenal Baltazar Porras pueda ingresar al recinto, así como el acompañamiento de la Cruz Roja. Baduel indicó que los reclusos y sus familias consideran indispensable esa presencia externa para garantizar su integridad.

La Cruz Roja Venezolana anunció el domingo 22 de febrero que comenzará a atender y a realizar evaluaciones médicas a quienes sean liberados. Esta intervención se produce en un contexto en el que la vulnerabilidad de los presos se ha convertido en una preocupación central para defensores de derechos humanos y sus familiares.

Por otro lado, Teresa Mise Durá expresó en el diario La Nación, de Venezuela: “Hoy alzo mi voz por los colombianos detenidos en Rodeo Uno. Están en huelga de hambre y de agua, no les quedó otra forma para ser escuchados. Hago un llamado urgente al gobierno colombiano, un llamado humano y solidario. Son colombianos, son seres humanos, necesitan ayuda, necesitan su libertad”.

Asamblea Nacional y la Ley de Amnistía

La presión por la liberación de los presos políticos se intensificó luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Amnistía, una norma impulsada por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.

Washington trasladó a Maduro y a su esposa a Estados Unidos, donde enfrentan cargos de narcotráfico, y desde entonces Rodríguez gobierna bajo la mirada atenta de la administración de Donald Trump, que exige reformas políticas y la excarcelación de aquellos que organizaciones humanitarias consideran presos políticos.

La ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento chavista y contempla la amnistía para personas procesadas por hechos ocurridos durante trece crisis políticas entre 2002 y 2025.

Sin embargo, el texto excluye de forma explícita a quienes hayan sido acusados de promover acciones armadas de actores extranjeros contra la soberanía venezolana, así como a los miembros de las fuerzas de seguridad condenados por terrorismo.

Desde el 8 de enero de 2026, familiares de personas privadas de libertad mantienen campamentos ante diversos centros penitenciarios en Venezuela, reclamando mayor rapidez en los procesos de excarcelación.

En El Rodeo I, la huelga de hambre persiste, el acceso sigue bloqueado y las autoridades no han emitido comunicados, lo que pone de manifiesto que el nuevo marco legal —que ha motivado más de 1.500 solicitudes de amnistía según el Parlamento— aún no resuelve la situación judicial de cientos de reclusos fuera de los límites de negociación aceptados por el chavismo bajo presión internacional.

La ley de amnistía también excluye a la líder opositora María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, a quien el régimen vincula con supuestas acciones armadas contra Venezuela. Machado ha manifestado su deseo de volver al país, aunque su estatus legal sigue sin definirse dentro de la nueva normativa.

Rodríguez ha aplicado de manera explícita las disposiciones de exclusión contempladas en la ley, lo que obstaculiza cualquier posibilidad de reconciliación política de mayor alcance.