El Ejército desactiva artefacto explosivo en Antioquia: esto es lo que se sabe sobre el lugar en el que iba a ser detonado

Las autoridades de Antioquia localizaron y neutralizaron un artefacto explosivo improvisado tipo “sombrero chino” en el municipio de San Andrés de Cuerquia, una acción que evitó posibles atentados contra la población civil y la Fuerza Pública.

Según informaron voceros del Ejército, estos dispositivos forman parte de una serie de ofensivas criminales atribuidas al Frente 36 de las disidencias de las Farc y al GAO (Grupo Armado Organizado) ELN, grupos armados que han incrementado la instalación de explosivos en las subregiones del norte y nordeste del departamento en las últimas semanas.

En menos de treinta días, las fuerzas militares han detectado y destruido nueve artefactos explosivos en distintas zonas de Antioquia, lo que advierte sobre un escenario de alta peligrosidad para los habitantes, principalmente campesinos, niños y adolescentes que transitan por caminos rurales, información que confirmó Alerta Paisa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El último procedimiento se dio tras la ubicación del explosivo en una vereda de San Andrés de Cuerquia, mientras que operativos similares tuvieron lugar en Briceño y Anorí, donde las rutas comunales se han convertido en blanco sistemático de acciones violentas.

“En el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, tropas de la Cuarta Brigada, del Ejército, división 7, lograron la ubicación y destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado tipo “sombrero chino”, que al parecer habría sido instalado por el grupo armado organizado residual Estructura 36... Con esta acción oportuna se evita una posible afectación contra la población civil y la Fuerza Pública, reafirmando el compromiso permanente con la protección de la vida y la seguridad en el territorio″, comunicaron las fuerzas militares.

El Ejército también señaló que, durante los días 11 y 12 de febrero, soldados de la Cuarta Brigada coordinaron la destrucción controlada de dos artefactos en la vía terciaria que une la vereda El Pescado con Travesías, en Briceño, rápida respuesta que impidió víctimas entre civiles y uniformados.

En otro incidente el 11 de febrero, se encontraron cuatro dispositivos explosivos instalados a apenas 500 metros del corregimiento de Charcón de Liberia, municipio de Anorí. Según denunció el Ejército, estos últimos artefactos habrían sido dispuestos por miembros del Frente Capitán Mauricio del GAO ELN, intensificando el riesgo en el nordeste antioqueño.

De acuerdo con la información confirmada por el medio mencionado, la gestión militar no estuvo exenta de obstáculos, ya que en Briceño, durante el mismo operativo del 11 de febrero, una asonada protagonizada por pobladores –quienes, según información oficial, habrían sido instrumentalizados por el grupo armado organizado– impidió la destrucción de dos explosivos adicionales.

Tanto el Ejército como fuentes locales advirtieron que los caminos afectados son utilizados a diario por la comunidad rural, exacerbando la amenaza sobre los sectores más vulnerables.

El asesinato vinculado a disputas armadas en Anorí

El domingo 15 de febrero, el municipio de Anorí fue escenario de un asesinato atribuido presuntamente a las disidencias del Frente 36. Ladys Elena Posada Morales, una mujer señalada por ese grupo como informante de la Fuerza Pública, falleció tras ser atacada a tiros en plena vía pública por varios hombres armados.

De acuerdo con la línea de investigación citada por las autoridades, el grupo criminal responsabilizaba a Ladys Elena de filtrar información que facilitó importantes operativos contra su estructura y entre los antecedentes más recientes, la información suministrada habría sido clave en la muerte de alias Guillermino, abatido por la Policía Nacional en Campamento durante septiembre de 2025.

Las operaciones en Antioquia reflejan una escalada de la violencia ejercida por grupos armados ilegales, que buscan obstaculizar la labor de la Fuerza Pública mediante acciones que implican un alto costo social y de seguridad para la comunidad local.