Por captura de ‘Papá Pitufo’, habría un plan para asesinar a los miembros del Grupo de inteligencia de la Policía

El grupo de inteligencia de la Policía Nacional denunció ante la Fiscalía General de la Nación haber sido objeto de amenazas reiteradas y de un supuesto plan de asesinato tras la captura de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”.

Según la denuncia ante el ente investigador conocida por la revista Cambio, los oficiales informaron que dichas represalias estarían vinculadas con la estructura criminal La Inmaculada, encabezada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.

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Según las pruebas que ya reposan en poder de la Fiscalía, la cadena de advertencias se habría iniciado el 27 de marzo de 2024. En esa fecha, el mayor Kevin Castaño, jefe del grupo investigativo anticorrupción, recibió un primer mensaje en el que se le advertía que conocían su identidad y que debía abandonar la investigación sobre Marín, también llamado el zar del contrabando.

Desde ese momento, cada avance en la investigación habría estado acompañado de amenazas más directas hacia Castaño y sus colegas, entre ellos la coronel Julie Katherine Ruiz, el teniente coronel Sergio Peñaranda y la mayor Lorena Fonseca. Así consta en la denuncia formal presentada ante la Fiscalía el 15 de noviembre de 2025, según detalló Cambio.

Según informaron los investigadores del caso Papá Pitufo, en octubre de 2024, la gravedad de los hechos aumentó. De acuerdo con fuentes citadas en la denuncia, se tuvo conocimiento de que Diego Marín habría contactado a La Inmaculada para ordenar el asesinato de los investigadores. La oferta, realizada presuntamente a través de un abogado con nexos con ambas organizaciones, consistía en un pago de 1.000 millones de pesos.

Este escenario se confirmó el 15 de noviembre de 2025, cuando el grupo recibió un mensaje de WhatsApp en el que se reiteraban amenazas y se describía la intención de “venganza” contra los uniformados.

El texto, al que accedió la revista, advertía sobre represalias en contra de los oficiales y sus familias, mencionaba la existencia de nuevos aliados dentro de la institución y aseguraba que las hostilidades no cesarían.

“Llegó la hora de mi venganza sufrirán las consecuencias de sus actos, me voy a vengar. Tengo el poder nuevamente y les escribo para que sepan y se revuelquen porque voy hacer hasta lo imposible por joderlos y tirarme sus carreras. Se pusieron a mover arenas que ustedes no conocen y por eso van a sufrir. Ahora tenemos aliados donde ustedes trabajaban, no se sorprendan porque ya empezamos a tocarlos y no vamos a detenernos. Van a sufrir ustedes y sus familias”, señala parte de la amenaza.

El mensaje fue enviado apenas dos días después de la audiencia de acusación contra Diego Marín, celebrada el 13 de noviembre de 2025. Para los miembros del grupo, la coincidencia evidenció un aumento en la presión contra quienes construyeron el expediente y participaron en la detención de quien es señalado como el “zar del contrabando”.

“Ojalá todos trabajen en su empresa para trasladarlos y no dejarlos en paz. Se van para la mierda van a pagarlo se pusieron de valientes y empoderados pues se les acabó el cuarto de hora, ahora viene la venganza y esta si va a durar lo que lograron disfrutar hasta acá les llego”, concluye el mensaje intimidatorio.

Las reacciones institucionales no se hicieron esperar. El general William Rincón, director de la Policía, dispuso el traslado de los investigadores a departamentos como Cauca y Arauca, aunque mantenían una valoración de nivel de riesgo extraordinario definida por la propia institución.

Además, la coronel Ruiz perdió su comisión en el Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, y en 2025 se oficializó su retiro. De forma paralela, la dirección policial redujo la calificación oficial de riesgo de los oficiales, dejándola en “ordinario”, lo que permitió justificar los traslados y la reducción de medidas de protección.