La Procuraduría General de la Nación confirmó que requirió formalmente a la Policía Nacional de Colombia explicaciones detalladas sobre el retiro del esquema de seguridad del coronel Jorge Alexander Mora Cortés y de su núcleo familiar, tras advertencias de presunto riesgo relacionadas con su papel en la investigación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La actuación quedó consignada en el oficio fechado el 22 de enero de 2026, firmado por el procurador delegado Néstor Iván Osuna Patiño, en respuesta al correo electrónico enviado por el oficial, en el que alertó sobre “presuntas situaciones de riesgo, en razón a las funciones ejercidas cuando se desempeñaba como Jefe del Área Investigativa Anticorrupción de la Dijín, dentro de la conocida investigación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Ungrd”.
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En el documento oficial, la Procuraduría señaló que, “de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 262 de 2000, modificado por el Decreto 1851 de 2021”, así como en resoluciones y directivas internas vigentes, se procedió a “consultar ante la institución que usted pertenece las razones fácticas y jurídicas con base en las cuales se realizó el desmonte de las medidas de protección inicialmente iniciadas para su protección y núcleo familiar”.
El requerimiento cobra especial relevancia porque el retiro del esquema incluyó, según la denuncia del coronel, la eliminación del vehículo blindado, escoltas y otros componentes de seguridad, en medio de un contexto de amenazas derivadas de las investigaciones anticorrupción adelantadas durante cinco años en la Dijín.
Además de exigir explicaciones a la Policía, el ente de control informó que remitió la documentación aportada por Mora Cortés a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, con el fin de que se evalúe “la posibilidad de su inclusión dentro del Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación - FGN”.
En el oficio, la Procuraduría precisó que también solicitó a la Fiscalía que remita copia integral de “todo lo actuado, con el fin de realizar el correspondiente seguimiento y conocer las acciones adelantadas frente a este caso”. Esto implica una vigilancia cruzada entre entidades para verificar si existen medidas efectivas que mitiguen el riesgo advertido.
El documento revela igualmente que el Ministerio Público busca determinar la ubicación actual del coronel para activar medidas preventivas.
“Finalmente agradezco por favor informar a esta Procuraduría si se encuentra en el país o cuándo tiene proyectado regresar, en razón al presunto riesgo y a la necesidad de activar medidas preventivas con la Policía Nacional mientras se adelanta la ruta del Programa de Protección y Acompañamientos de la FGN”, señala textualmente la comunicación oficial.
Mora Cortés relató a Infobae Colombia el impacto directo que la situación tiene sobre su familia, que reside en Estados Unidos tras su traslado oficial. Detalló: “Mi esposa dejó su trabajo, mi hija está estudiando, pero mi esposa ni siquiera sale a la calle. Piensa que nos están persiguiendo. Si aquí en Estados Unidos no nos sentimos seguros, ¿qué puede suceder en Colombia?”.
La defensa subrayó en el escrito ante la Cidh que forzar el regreso, sin protección, coloca en riesgo también a su hija menor de edad, quien tiene derechos autónomos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Según el documento, sería una vulneración simultánea a su derecho a la seguridad y a la unidad familiar.
El origen del riesgo: investigaciones de alto impacto y desmonte de la protección
El exjefe policial lideró durante cinco años investigaciones sobre multimillonarios desvíos de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y procesos contra funcionarios de alto nivel y estructuras criminales en Colombia.
En diálogo con Infobae Colombia, Mora Cortés indicó: “Tengo miedo porque Colombia es un país bastante complejo, y este tipo de investigaciones toca fibras sensibles; hay personas hoy prófugas de la justicia. Mi seguridad y la de mi familia tienen que ser extremadamente custodiadas”.
Desde noviembre de 2025, la Dirección de Protección informó la terminación de los esquemas de seguridad para Mora Cortés, alegando el vencimiento del período. La defensa sostuvo que esta decisión agravó el peligro: “La dejación del cargo no elimina la amenaza; por el contrario, la incrementa al perder la protección institucional”, según explicó Guzmán en el documento presentado ante la Cidh.
El retiro de la protección institucional fue respaldado como grave por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que recomendaron formalmente nuevas garantías y la eventual inclusión del oficial en el Programa de Protección a Testigos y Víctimas.
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