El movimiento político Pacto Histórico presentó una nueva recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de la investigación administrativa que analiza la posible revocatoria de la lista al Senado inscrita por esa colectividad para los comicios legislativos previstos en marzo de 2026.
La decisión fue confirmada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, señalando que el funcionario tendría un interés directo en la actuación. Según indicó, la recusación se formalizó luego de que la colectividad recibiera la notificación del auto que avoca conocimiento del proceso y ordena la práctica de pruebas.
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En un video difundido en redes sociales, Pérez afirmó: “Se tendría que haber declarado impedido porque ha demostrado su enemistad manifiesta contra esta fuerza progresista, ya lo hizo votando en contra de la posibilidad de que Iván Cepeda Castro participase en la consulta del 8 de marzo, estando impedido para hacerlo, pues vamos a presentar hoy mismo una recusación en su contra”.
Posteriormente, en declaraciones a medios, el exmagistrado sostuvo: “es claro que tiene un interés directo, ya ha manifestado su animadversión por lo que representa el Pacto Histórico y como militante del Centro Democrático”.
“Pese a nuestras invitaciones a que se declare impedido, sigue sin hacerlo. Así que procederemos a presentar la recusación contra él en el curso del día”, sentenció el exmagistrado.
Estas declaraciones se producen luego de que el CNE ordenara actuaciones administrativas sobre la inscripción de la lista del Pacto Histórico al Senado, medida quedó consignada en un auto expedido el 18 de febrero y que podría impactar la participación del movimiento en las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026.
La solicitud que originó el proceso fue presentada por la ciudadana Yurani Maritza Obando Muñoz, argumentando que la lista cerrada inscrita por la coalición desconoció el orden derivado de los resultados de la consulta interpartidista realizada en octubre de 2025 e infringió normas constitucionales, electorales y principios de democracia interna.
La petición describe que la coalición está integrada por organizaciones como Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Movimiento Progresista; y otro de los argumentos centrales se fundamenta en la obligatoriedad legal de los resultados de las consultas interpartidistas para la conformación de listas, conforme a la Ley 1475 de 2011.
La documentación señala que la consulta arrojó una clasificación y porcentaje de votos para 144 precandidatos. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2025 se inscribió formalmente la lista definitiva, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento estricto de los resultados obtenidos en ese mecanismo interno.
Pruebas decretadas y términos del procedimiento
Para esclarecer los hechos, el CNE, a través del despacho del magistrado Prada, ordenó la práctica de pruebas documentales a la Registraduría Nacional del Estado Civil y requirió a los representantes legales de la coalición que, en un plazo de dos días desde la notificación, presenten sus explicaciones y ejerzan su derecho de defensa. También dispuso la comunicación oficial del proceso a los 100 candidatos inscritos en la lista objeto de controversia.
El auto contempla la incorporación como prueba de los formularios de inscripción de listas y aceptación de candidatos, la lista definitiva registrada al Senado y el acuerdo de coalición suscrito entre las organizaciones políticas para participar en las elecciones legislativas del periodo constitucional 2026-2030.
Las actuaciones descritas se extienden a otras entidades involucradas, incluida la intervención del Ministerio Público, así como la publicación del trámite en las páginas oficiales del CNE y de la Registraduría, con el propósito de garantizar la transparencia y la participación de terceros interesados.
Más de 100 candidatos inscritos se verían directamente afectados por una eventual revocatoria o modificación de la lista, mientras avanza el procedimiento administrativo dentro de los plazos establecidos por la autoridad electoral.
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