
El 17 de febrero, la Policía Nacional informó el desmantelamiento de una red de microtráfico que se conocía en la región como “Los recorredores”, que tenía mayor presencia en el municipio de Funza.
En el operativo, los uniformados capturaron a cinco personas señaladas de administrar todo lo ligado a la comercialización de estupefacientes de diferentes formas en la región.
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Además de la Policía Nacional, la intervención incluyó la ayuda de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación; el proceso investigativo fue adelantado por la Sijín y los grupos de inteligencia del Departamento de Policía de La Sabana, que identificaron cómo esta estructura llegaba a generar ganancias millonarias producto del negocio ilícito mencionado.
De acuerdo con lo expuesto en el informe de la investigación, los capturados presuntamente distribuían droga en pequeñas cantidades en entornos educativos, parques y espacios públicos del municipio, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes.
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El 17 de febrero, la Policía Nacional informó el desmantelamiento de una red de microtráfico conocida en la región como Los recorredores, con mayor presencia en el municipio de Funza. En el operativo, los uniformados capturaron a cinco personas señaladas de administrar la comercialización de estupefacientes en diversas modalidades en la zona.
Además de la Policía Nacional, en la intervención participaron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. El proceso investigativo fue adelantado por la Sijín y los grupos de inteligencia del Departamento de Policía de La Sabana, que identificaron cómo esta estructura generaba ganancias millonarias a partir del negocio ilícito.
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Según el informe de investigación, los capturados presuntamente distribuían droga en pequeñas cantidades en entornos educativos, parques y espacios públicos del municipio, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes. Los cinco detenidos fueron judicializados y permanecen con medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, valoró los resultados de la operación y reiteró el compromiso de las autoridades con la seguridad del municipio.
“Este es un mensaje claro para las estructuras delincuenciales: en Funza no vamos a permitir que afecten la tranquilidad de nuestras familias. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para proteger a nuestros niños, jóvenes y comunidades”, afirmó la mandataria local durante una rueda de prensa.
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Villamil Buitrago también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia en el municipio, ya que el microtráfico de estupefacientes es una de las problemáticas que más preocupa a las autoridades en Cundinamarca.
“La seguridad es una tarea de todos. Invitamos a la comunidad a reportar oportunamente cualquier situación sospechosa. La información de la gente es clave para seguir golpeando el delito”, puntualizó.

Posibles consecuencias para los imputados
En Colombia, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son considerados graves y conllevan penas elevadas según el Código Penal. El concierto para delinquir, regulado por el artículo 340, sanciona a quienes se asocian para cometer delitos. La pena básica oscila entre 8 y 18 años de prisión, con multas de 2.700 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la persona organizó, dirigió, promovió o financió el grupo criminal, la sanción puede aumentar hasta la mitad de la pena original.
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Por su parte, el artículo 376 del Código Penal establece las penas para el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dependiendo de la cantidad y el tipo de sustancia encontrada. Las condenas pueden ir desde 5 años y 4 meses hasta 30 años de prisión, junto con multas que varían entre 2 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por ejemplo, portar grandes cantidades de marihuana o cocaína puede llevar a una pena de hasta 30 años de cárcel; en cantidades menores, la pena mínima puede ser de hasta cinco años. La ley establece rangos diferenciados para pequeñas, medianas y grandes cantidades de droga.
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Cuando una persona enfrenta simultáneamente ambos cargos, las penas pueden sumarse, lo que incrementa notablemente el tiempo de prisión. Además, existen agravantes como la reincidencia, el uso de menores en la comisión del delito o la pertenencia a grupos armados, que pueden elevar aún más las sanciones.
Sin embargo, si el imputado acepta cargos y colabora con la justicia, la ley contempla posibles rebajas de pena, aunque con ciertas limitaciones para delitos de alta gravedad. Este marco legal busca desincentivar la criminalidad organizada y el narcotráfico, imponiendo castigos severos para quienes incurren en estas conductas.
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