
Un hombre en Medellín habría privado de la libertad a su pareja sentimental y la sometió a diferentes formas de violencia, mientras exigía dinero para liberar a la víctima, según informó la Fiscalía General de la Nación.
El ente acusador señaló que los hechos ocurrieron en el barrio Manrique, donde la mujer fue retenida en contra de su voluntad durante varios días.
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“Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, que además habría exigido dinero para dejarla en libertad, en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín (Antioquia), entre el 6 y el 8 de febrero del año en curso”, se lee en el comunicado.
La Fiscalía General de la Nación orientó los actos investigativos que permitieron identificar a Johan Stiven Marino Mosquera como el presunto responsable del secuestro y las agresiones denunciadas. Las diligencias estuvieron dirigidas a determinar la dinámica de la retención, las formas de violencia ejercidas y la solicitud de dinero a la madre de la víctima.
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“Este hombre presuntamente ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en varias oportunidades. Entre tanto, llamaba a la mamá de la víctima para pedirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y dejarla en libertad”, señala el documento oficial.
La captura del señalado agresor se produjo gracias a una acción conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que estarían relacionados con el caso y que fueron puestos a disposición del proceso judicial.
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Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Johan Stiven Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías. Durante la audiencia, se le imputaron los delitos de secuestro extorsivo y tortura, en relación con los hechos ocurridos en el barrio Manrique.
“Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura”, se lee en el comunicado.
Según la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos que se le atribuyen. A pesar de ello, el juez impuso una medida de aseguramiento consistente en su reclusión en un centro carcelario, donde permanecerá mientras avanza el proceso penal en su contra.
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Condena en Colombia
Una persona condenada en Colombia por los delitos de secuestro extorsivo y tortura se enfrenta a penas de prisión de gran severidad, según lo estipulan el Código Penal y las leyes vigentes.
El artículo 169 establece que el secuestro extorsivo puede acarrear entre 28 y 40 años de prisión, mientras que el artículo 178 determina que la tortura se sanciona con penas que van de 10 años y 8 meses hasta 22 años y 6 meses. Ambas infracciones excluyen la posibilidad de acceder a beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la pena.

La legislación dispone que, en casos de condena por varios delitos, el juez debe sumar las penas, aunque existe un límite máximo legal para el tiempo de privación de la libertad. El sistema penal colombiano también contempla multas económicas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el mismo periodo de la condena.
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Las sanciones pueden incrementarse si la víctima es menor de edad, mayor de 60 años o si los hechos provocan lesiones graves o la muerte. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación sostienen que estas disposiciones buscan garantizar la protección de los derechos fundamentales y la integridad de las personas en el territorio nacional.
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