Cancillería cierra la puerta, por ahora, a recibir ayuda internacional por inundaciones: “No se requiere”

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no está técnicamente justificada la emisión de un llamamiento internacional ni la formulación de una solicitud de asistencia humanitaria externa frente a la actual emergencia provocada por inundaciones y un frente frío que afecta a distintas regiones del país.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la Cancillería explicó que este mecanismo no es de carácter político ni declarativo, sino un instrumento técnico, subsidiario y excepcional que solo procede cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas. Según la entidad, ese no es el escenario actual.

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El pronunciamiento se conoció este 13 de febrero de 2026 y se produjo en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), autoridad técnica competente en la materia. De acuerdo con el documento, no se evidencia que la emergencia haya superado las capacidades operativas y funcionales del Estado en su fase de respuesta inmediata, por lo que no se encuentra justificada la activación de mecanismos internacionales.

La Cancillería subrayó que la declaratoria de desastre nacional debe considerar expresamente si existe incapacidad de las autoridades para afrontar la emergencia. Esta condición se configura únicamente cuando el impacto rebasa la capacidad técnica y de recursos de los niveles territoriales involucrados. En el análisis actual, esa circunstancia no se ha presentado.

El Gobierno sostuvo que la respuesta ha sido escalonada, coordinada y articulada a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Se han activado consejos municipales y departamentales, así como puestos de mando unificado territoriales y el Puesto de Mando Unificado Nacional. También se ha dispuesto el despliegue masivo de asistencia humanitaria, equipos técnicos y voluntarios.

En esa línea, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, confirmó que el Estado mantiene capacidad operativa suficiente para atender la emergencia en sus fases de respuesta inmediata.

El comunicado enfatiza que, aunque la situación es compleja por el impacto de las lluvias y las bajas temperaturas en varias regiones, la institucionalidad continúa funcionando dentro de los márgenes previstos por el marco normativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Llamamiento Internacional es un mecanismo adicional y subsidiario que solo puede activarse cuando exista una declaratoria de desastre nacional y se evidencie un desbordamiento real de capacidades. Además, recordó que el apoyo internacional en casos de desastres procede únicamente cuando es requerido de manera explícita por el Gobierno Nacional, conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012.

No obstante, el Gobierno aseguró que mantiene seguimiento permanente a la evolución de la situación y que, en caso de que el escenario cambie y medie una recomendación técnica formal de la autoridad competente, se procederá conforme a los mecanismos previstos.

La Cancillería, a través de su Dirección de Cooperación Internacional, mantiene asiento permanente en el Puesto de Mando Unificado Nacional, desde donde gestiona apoyos técnicos y asesoría especializada. Asimismo, informó que existe coordinación activa y permanente con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), con disposición para activar mecanismos internacionales si la evolución de la emergencia así lo exige.

En paralelo, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, medida adoptada por el presidente de la República por un término de 30 días, con el fin de agilizar recursos, garantizar seguridad jurídica y fortalecer la respuesta frente a la amenaza económica, social y ambiental derivada de la emergencia.

Con esta declaratoria, el Ejecutivo puede trasladar partidas del Presupuesto General de la Nación, crear líneas especiales de crédito, modificar aranceles o suspender trámites para acelerar obras de mitigación, atención humanitaria y recuperación de infraestructura.

La medida busca responder con mayor rapidez al impacto de las inundaciones y del frente frío sobre vías, acueductos, viviendas y actividades productivas en varias regiones del país, mientras se consolidan los reportes oficiales de afectaciones y costos.