Tras suspensión provisional del salario mínimo por orden del Consejo de Estado, Iván Cepeda anunció movilizaciones: “Reproducción de la desigualdad social”

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro expresó su rechazo a la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que fija el salario mínimo para 2026.

Cepeda calificó la medida como “arbitraria y regresiva” y aseguró que representa un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo es garantizar el bienestar y el progreso de los trabajadores colombianos.

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Según el congresista, esta decisión refleja la resistencia de ciertos sectores a que quienes viven en condiciones de desigualdad y pobreza puedan acceder a sus derechos, y afirmó que este tipo de medidas contribuyen a la reproducción de la desigualdad social.

“Se equivocan en materia grave: el país cambió”, advirtió Cepeda, enfatizando que la suspensión del salario mínimo generará un fuerte rechazo que se expresará en las calles y en la movilización social.

Con su pronunciamiento, el candidato por el Pacto Histórico se suma a las críticas frente a la decisión judicial y reafirma su postura de defensa de los derechos de los trabajadores frente a medidas que afectan a los sectores más vulnerables de Colombia.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, también expresó su indignación ante la medida. Para Quintero, la suspensión del salario mínimo vital es un atropello que afecta directamente a los trabajadores del país.

“El pueblo debe manifestarse masivamente en las calles ante este atropello a sus derechos”, afirmó, subrayando la necesidad de que la ciudadanía defienda sus derechos económicos y sociales frente a decisiones judiciales que impactan la vida de millones de personas.

En la misma línea, el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, denunció la medida como una clara extralimitación de funciones del Consejo de Estado.

Bolívar calificó la suspensión del decreto que elevaba el salario mínimo a dos millones de pesos como una “afrenta a la lucha contra la desigualdad y la pobreza” y consideró que la decisión debe despertar la solidaridad de todos los trabajadores colombianos. Según él, la medida es “una arbitrariedad” que pone en riesgo el esfuerzo por garantizar ingresos dignos a quienes más lo necesitan.

El senador y precandidato presidencial Roy Barreras aseguró que la decisión del Consejo de Estado constituye un golpe a las familias más humildes del país. Barreras señaló que “no puede ser que las familias más humildes de Colombia que consigan un empleo no ganen lo mínimo necesario para tener una vida digna” y convocó a los ciudadanos a movilizarse para defender el salario vital.

Para Barreras, esta suspensión es una medida insensible que contradice los principios de inclusión y equidad social que deben guiar la política económica del país.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, también manifestó su preocupación. Rojas destacó que la suspensión provisional golpea directamente a millones de trabajadoras y trabajadores que esperaban un ingreso digno, y criticó que cada intento de avanzar en justicia social se vea frenado por intereses de sectores que buscan preservar privilegios.

“Colombia merece saber quién defiende a la gente y quién defiende privilegios”, señaló, subrayando la importancia de proteger los derechos laborales frente a decisiones judiciales que afectan a los más vulnerables.

Los representantes a la Cámara por el Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz y Mafe Carrascal Rojas, coincidieron en que la suspensión del salario mínimo afecta a millones de trabajadores, incluidos soldados, policías, practicantes del SENA y médicos en formación.

Uribe afirmó que la medida afecta la calidad de vida de más del 80 % de los trabajadores del país y llamó a que el Gobierno expida un nuevo decreto que respete al menos el aumento previamente aprobado del 23 %.

Carrascal, por su parte, advirtió que la decisión del Consejo de Estado traslada decisiones fundamentales de la política económica y laboral del ámbito democrático a “grupúsculos tecnocráticos y autoritarios”, y que no solo se pone en juego el ingreso de 2,6 millones de personas, sino la capacidad misma de la democracia de reflejar los intereses populares frente a los grandes propietarios de riqueza.

Finalmente, el candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo expresó su desacuerdo con la suspensión del aumento del salario mínimo a los sectores más pobres.

Botero criticó que el Consejo de Estado haya priorizado frenar el salario antes que reducir impuestos, afirmando que “los jodidos son los colombianos”, y subrayando que la prioridad debe ser mejorar el ingreso de los trabajadores para garantizarles una vida digna.