Unos 400 civiles protagonizaron una asonada en los corregimientos de La Ampudia y Timba, pertenecientes al municipio de Jamundí, Valle del Cauca, al intentar impedir el avance de operaciones militares por parte de la Tercera División del Ejército Nacional.
A través de un pronunciamiento en X, la institución militar anunció que las personas involucradas enfrentarán denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por delitos como asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, siguiendo las disposiciones del Código Penal.
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El Ejército Nacional atribuyó los incidentes al presunto constreñimiento ejercido por el GAO-r Estructura Jaime Martínez. Las Fuerzas Militares mantienen la presencia en la zona, bajo respeto al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, e insistieron en la necesidad de proteger la seguridad y estabilidad en el suroccidente del país.
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A raíz de esta situación, residentes citados por El Tiempo relataron que “todo el comercio fue obligado a cerrar y las personas recibieron la orden de estar encerrados en las casas”.
El episodio, que se desarrolló el viernes 13 de febrero, responde a una serie de operativos recientes de la fuerza pública para recuperar el control territorial tras la aparición de banderas y vallas alusivas a las disidencias, asociadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente.
El despliegue militar generó un clima de tensión que se reflejó en el cierre forzado de establecimientos y la restricción de la movilidad.
La influencia de las disidencias y el temor en la región
El fenómeno de la instrumentalización de la población civil toma fuerza en contextos de alta presencia de grupos armados ilegales. Los habitantes de sectores rurales de Jamundí denunciaron que la presencia de las disidencias de las Farc se manifiesta no solo en la intimidación directa, también en la imposición de peajes y cuotas obligatorias.
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El grupo armado, bajo el mando del terrorista “Iván Mordisco”, instaló banderas en zonas estratégicas como el corregimiento de San Vicente, donde la percepción de soberanía paralela se refuerza por el cobro de $12.000 por cada automóvil y $5.000 por cada motocicleta que transita por la vereda El Descanso.
En San Antonio, la comunidad debe aportar cuotas anuales de hasta $600.000 por persona, sumadas a rifas obligatorias para financiar la construcción de una carretera controlada por el grupo ilegal.
El concejal Luigi Morales, entrevistado por El Tiempo, expresó que “nos preocupa la situación porque se genera zozobra entre comerciantes y personas dedicadas al turismo”. La incertidumbre alcanza tanto a residentes permanentes como a quienes desarrollan actividades económicas en la región, donde el turismo rural creció a pesar del contexto adverso.
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Antecedentes de asonadas
No es la primera vez que la zona rural de Jamundí experimenta episodios de confrontación civil con presencia militar. En julio de 2025, alrededor de 700 personas participaron en una asonada que retuvo a 150 soldados por más de cinco horas, exigiendo el fin de la operación Escudo del Norte.
La repetición de estos hechos evidencia una estrategia sostenida de las disidencias para usar a la población como elemento de presión frente a la presencia del Estado. La retención de militares, el cierre forzado de comercios y la imposición de normas por parte de actores armados ilegales configuran un panorama de alta conflictividad.
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Operativos recientes en la región
Es preciso mencionar que estos hechos se dan luego de que cinco personas fueran capturadas en las últimas horas en una serie de operativos simultáneos organizados por la Tercera División del Ejército, que tuvo lugar en los municipios de Florida, Palmira, Jamundí y Cali.
Mediante estas acciones, las autoridades también lograron la recuperación de un vehículo previamente reportado como hurtado. Las operaciones militares, diseñadas para debilitar estructuras criminales y proteger a la población civil, se dan en una ofensiva sostenida contra el delito en el suroccidente del país, según la institución militar.
Entre los delitos atribuidos a los detenidos figuran tráfico de estupefacientes, hurto, porte ilegal de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa, con impacto directo sobre las economías ilícitas de la región.
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Según la información proporcionada, el Ejército Nacional mantiene activos los puestos de control y las operaciones de estabilidad destinadas a limitar la actividad delictiva y fortalecer la seguridad local.
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