La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que, durante el proceso de revisión de firmas presentadas por distintos grupos significativos de ciudadanos para la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales de 2026, más de cinco millones de rúbricas fueron invalidadas.
La información, que fue divulgada en redes sociales, se conoce luego de que la periodista colombiana Cecilia Orozco revelara el volumen de firmas invalidadas al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
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En el analisis divulgado por El Espectador, se muestra que, de las 5.079.000 registros entregados por el abogado y empresario colombiano, los apoyos válidos ascendieron a 1.978.108, lo que significa que el 62% de sus apoyos fueron anuladas.
Sin embargo, De la Espriella no fue el único aspirante que presentó esta situación. En el reporte difundido en las plataformas digitales, Carlos Caicedo, que presentó 2.431.425 firmas, le fueron anulados 1.691.823 de ellas, equivalente al 69,6%.
Estos porcentajes resumen el desafío: la mayoría de los precandidatos no logró validar ni siquiera el 60% de sus apoyos ciudadanos, lo que compromete sus posibilidades de cumplir con el umbral exigido por la normativa electoral.
Aníbal Gaviria también enfrentó un porcentaje significativo de rechazo, con 68,1% de firmas invalidadas (1.578.175 de 2.316.120 presentadas), seguido de Mauricio Lizcano, quien vio anuladas 1.114.625 de 1.841.145 firmas (60,5%).
Vicky Dávila presentó 1.236.150 firmas y se le invalidaron 549.382, lo que corresponde al 44,4%. Mientras tanto, Claudia López experimentó la anulación de 647.672 de sus 1.299.615 apoyos (49,8%).
La tendencia se sostiene entre otros nombres relevantes. David Luna logró la validación de 828.003 firmas de 1.158.975 presentadas, con unas 330.972 anuladas, que representan el 28,6%. Santiago Botero registró un 29,5% de invalidación sobre un total de 1.156.965 firmas (341.570 anuladas), y Mauricio Cárdenas Santamaría alcanzó un 32,2% de firmas no admitidas.
La lista se amplía con casos como el de Carlos Felipe Córdoba, quien, de 1.303.770 firmas entregadas, sólo consiguió validar 679.220, sufriendo una anulación del 47,9%. Daniel Palacios perdió un 41,8% de los apoyos, y Luis Gilberto Murillo, un 45,3%.
Otros aspirantes, como Sondra Macollins, con un 43%, y Leonardo Huertas, con un 44,6%, también se enfrentaron a una severa criba de sus apoyos. La revisión muestra que, en todos los casos, el porcentaje mínimo de firmas no admitidas fue del 28%, y en la mayor parte supera ampliamente el 40%.
Solo algunos candidatos, como David Luna y Santiago Botero, lograron mantener el índice de anulación por debajo del 30%, aunque igualmente vieron rechazadas centenares de miles de firmas.
Qué dijo la Registraduría
La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que los comités debían entregar un mínimo de 635.216 firmas válidas, cifra equivalente al 3% del total de votos válidos en la primera vuelta presidencial de 2022, que sumaron 21.173.842 respectivamente.
Además, reiteró que, tras el análisis realizado en enero, “de los 22 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas de apoyo ante la Registraduría Nacional, solo se encontraron inconsistencias relacionadas con posibles fraudes o delitos en dos de ellos”.
La entidad confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación tras detectar posibles fraudes o delitos en las firmas de apoyo entregadas por los dos aspirantes.
Así mismo, advirtió que las orientaciones políticas de los ciudadanos constituyen derechos fundamentales. Por ello, la información de los firmantes únicamente puede utilizarse para verificar apoyos y no puede hacerse pública.
Posteriormente, la Registraduría especificó que esta medida corresponde a los resultados oficiales de su proceso de verificación y resaltó que el proceso electoral se realiza según los parámetros legales, incluidos los requisitos de la Ley 996 de 2005.
En relación con los respaldos entregados por algunos aspirantes, en particular Abelardo de la Espriella, la Registraduría observó únicamente incidencias administrativas como datos ilegibles, información que no coincide con el Archivo Nacional de Identificación, o registros de personas que no están en el censo electoral. No obstante, los casos con indicios de fraude se restringieron a dos grupos y ya fueron puestos en conocimiento de la justicia.
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