La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la disponibilidad de al menos 21 predios bajo su administración en los departamentos de Córdoba y Sucre para ofrecer albergue temporal a las familias desplazadas por las intensas inundaciones que afectan a la región.
Esta medida se suma a la entrega de ayudas humanitarias y la movilización de recursos estatales, en respuesta a los efectos devastadores del fenómeno climático que azota el Caribe colombiano. La decisión, informada por la presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, se tomó como parte de una estrategia de contingencia para garantizar la atención directa a la población y reducir los riesgos asociados a la emergencia.
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La SAE también identificó grandes extensiones de tierra que podrían ser destinadas a estrategias de mitigación y asistencia, como parte de un paquete de acciones urgentes. La presidenta de la entidad detalló en una publicación en X:
“Por instrucciones del señor Presidente de la República, desde la Sociedad de Activos Especiales, estamos haciendo la verificación tanto de predios rurales como de urbanos para colaborar con Córdoba, con Sucre, ante esta tragedia que se está presentando por la crisis climática. Nosotros también hemos apoyado y vamos a seguir apoyando desde acá con alimentos tanto perecederos como no perecederos, que se harán llegar debidamente a las personas que fuimos enterados por el director de la Ungrd, el doctor Carlos Carrillo”.
Emergencia por lluvias y respuesta oficial
La emergencia climática, descrita como una de las peores en la historia reciente del Caribe colombiano, afecta a más de 156.000 personas en Córdoba, con impactos severos en los departamentos de Sucre y Cesar.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), declaró que “la inundación es mucho más grave de lo que se había podido prever en los escenarios más pesimistas”, afirmó Carrillo.
El desbordamiento del embalse de Urrá y precipitaciones equivalentes a un 1.600% del promedio habitual en cinco días desencadenaron la actual situación. Las lluvias, que no cesaron entre el 1 y el 2 de febrero, provocaron daños en infraestructuras, cultivos y viviendas.
Las cifras oficiales señalan al menos 52.000 familias afectadas, siete personas fallecidas y más de 1.700 viviendas destruidas, de acuerdo con datos de la Ungrd. Carrillo subrayó que las órdenes de evacuación permitieron evitar una tragedia mayor en términos de vidas humanas.
Distribución de ayuda y recursos estatales
Como parte de la respuesta humanitaria, la SAE activó la entrega de alimentos, kits de mercados, insumos médicos y varias toneladas de carne para las comunidades damnificadas. Además, la entidad coordinó el envío de más de 10 toneladas de ayuda humanitaria a Córdoba, que incluyen agua potable, frazadas, colchonetas y kits de aseo.
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, trasladó su agenda a Montería, la capital departamental, para encabezar un consejo de ministros y supervisar la atención directa en las zonas afectadas.
Desde allí, las autoridades solicitaron a la Corte Constitucional el levantamiento de la suspensión sobre la declaratoria de emergencia económica, medida que permitiría acceder a recursos adicionales.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, estimó que el coste de la recuperación rondaría los 8 billones de pesos, cifra que incluye infraestructura, atención social y reactivación productiva.
La emergencia no se limita a Córdoba. Sucre, el sur de Bolívar y departamentos como Nariño, Santander y Cauca también reportan afectaciones, aunque la mayor concentración de daños se registra en el Caribe. Según la Ungrd, 24 de los 30 municipios de Córdoba presentan algún nivel de afectación, lo que representa cerca del 80% del territorio.
El Gobierno colombiano reconoce que existen mecanismos ordinarios para la financiación de la emergencia, pero las autoridades prevén que las lluvias continuarán en marzo y abril, lo que podría agravar la situación.
El director de la Ungrd advirtió que el desafío principal será la reconstrucción y recuperación económica, una vez desciendan las aguas y disminuya la atención nacional.
Mientras tanto, la Sociedad de Activos Especiales mantiene el monitoreo y la disposición de predios y recursos en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales, con el objetivo de mitigar los impactos de la crisis climática y garantizar refugio y atención a las familias damnificadas.
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