El ajuste del salario mínimo para 2026 abrió una discusión que va más allá del mercado laboral y empezó a sentirse con fuerza en las cuentas del Estado. Más allá de sus efectos sobre el empleo, la informalidad o la inflación, el aumento del 23% tendría un impacto fiscal significativo que pone presión adicional sobre un presupuesto ya estrecho.
Un análisis del centro de estudios económicos Anif advirtió que este incremento implicará mayores compromisos para el Gobierno nacional, especialmente en frentes sensibles como el pago de pensiones, la nómina pública y el recaudo tributario. En conjunto, estas presiones sumarían un costo adicional estimado en $3,8 billones durante 2026, si se compara con un escenario alternativo en el que el salario mínimo hubiera crecido apenas 6%, equivalente a inflación más productividad.
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El principal impacto se concentraría en el sistema pensional. Según Anif, el aumento del mínimo eleva de manera directa el gasto en pensiones de Colpensiones, que está indexado a este indicador. A ello se suma el mayor costo asociado a las rentas vitalicias, donde el llamado “deslizamiento”, la brecha entre el aumento del salario mínimo y la inflación, amplía la cobertura y el valor de los pagos que debe asumir el Estado.
En su análisis, Anif advirtió que estas presiones no son menores en el contexto actual. “Los costos fiscales asociados a esos rubros presionarían el ya apretado margen del gasto público, lo que dificulta el retorno a las métricas para el cumplimiento de la regla fiscal. Se reduce el margen de maniobra del Gobierno para sanear las finanzas públicas”, señaló el informe.
Otro frente relevante es la nómina del sector público. De acuerdo con cifras del Dane, alrededor de 80.000 personas con contratos a término fijo e indefinido trabajan en actividades de la administración pública. Al estar sus ingresos atados al salario mínimo, el ajuste del 23% se traduce en un aumento directo del gasto en personal. Anif proyectó que solo por este concepto el Gobierno enfrentará en 2026 una presión adicional cercana a $300.000 millones, frente al escenario base.
El impacto no termina ahí. El centro de estudios también advirtió que el alza del mínimo podría afectar negativamente el recaudo del impuesto de renta de las personas jurídicas. El mayor costo laboral para las empresas reduciría sus utilidades gravables, lo que se reflejaría en menores ingresos tributarios para el Estado. En este caso, el efecto no sería inmediato, Anif estimó que el menor recaudo, calculado en $3,5 billones, se materializaría principalmente en 2027.
A estos cálculos se suman factores que aún no son cuantificados del todo. El propio informe advirtió que el costo fiscal final podría ser superior, debido a variables para las que no existe información suficiente. Entre ellas, se menciona el posible aumento en el número de beneficiarios del Fondo de Garantía Mínima, tras la entrada en vigencia del Decreto 1485 de 2025, un elemento que podría ampliar aún más las obligaciones del Estado.
Desde la perspectiva fiscal, el diagnóstico de Anif es claro, el incremento del salario mínimo genera un efecto en cadena que trasciende el mercado laboral. Cada punto adicional de aumento se filtra hacia el gasto público, limita la capacidad de ajuste del presupuesto y complica el cumplimiento de la regla fiscal, en un momento en el que el Gobierno enfrenta crecientes necesidades de financiamiento.
El debate, sin embargo, no es solo técnico. El salario mínimo cumple un papel central en la protección del ingreso de millones de trabajadores, especialmente en un entorno de inflación persistente. El dilema está en cómo equilibrar ese objetivo social con la sostenibilidad de las finanzas públicas, en un país donde buena parte del gasto está indexado y deja poco margen para maniobrar.
Para Anif, el reto de fondo es estructural. Mientras el salario mínimo siga siendo un ancla para múltiples obligaciones fiscales, aumentos de esta magnitud tendrán efectos que van más allá del bolsillo de los trabajadores. El llamado, implícito en el análisis, es a revisar los mecanismos de indexación y a fortalecer la disciplina fiscal, para evitar que decisiones de corto plazo terminen comprometiendo la estabilidad financiera del Estado en el mediano plazo.
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