Juan David León, representante legal de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, manifestó que su apoderado no ha contemplado dimitir de su cargo, pese a que la Fiscalía General de la Nación radicara una imputación de cargos por tráfico de influencias y violación de topes electorales.
El jurista, en diálogo con La FM, aseveró que la medida interpuesta por el ente acusatorio carece de total fundamento, al considerar que el ejecutivo aún cuenta con el tiempo necesario para su defensa de los delitos mencionados.
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“Esta es una fase incipiente; no tiene sentido adoptar una decisión cuando todavía hay posibilidad de demostrar que no existe conducta delictiva. Es decir, estamos hasta ahora arrancando un proceso penal”, indicó el abogado al citado medio de comunicación.
Además, reiteró que su defendido no tiene responsabilidad en la violación de topes electorales en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro para las elecciones de 2022, aunque en esa época fungía como gerente de la campaña.
“Eso es una decisión que se está evaluando en el gobierno corporativo y lo está evaluando el doctor Roa, pero personalmente creo que no debe renunciar, y tengo entendido, de lo que se ha podido conversar, es que no va a renunciar”, comentó.
Del mismo modo, León reiteró que hasta el momento no ha recibido notificación formal de imputación alguna por parte de las autoridades judiciales. “A la fecha de la emisión del comunicado, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación”, indicó el apoderado de Ricardo Roa en la cadena radial mencionada.
Además, reclacó que, hasta que no se conozca la fecha de la audiencia de imputación, instó a que se respete la presunción de inocencia del presidente de Ecopetrol, y recalcó la disposición del funcionario para aportar todas las pruebas que podría exculparlo de los cargos.
“Lo hemos estado desde el inicio de todo el escándalo mediático que se dio, estamos prestos de dar las explicaciones, de contarle a la Fiscalía cuáles son todas las trazabilidades y los comportamientos que ha desplegado el doctor Ricardo Roa, tanto en su vida personal, pues con la adquisición del apartamento, como también como gerente de campaña (...) siempre en respeto por la institucionalidad, por las decisiones que puede que no se compartan, como en este caso, pero que se controvierten en los canales institucionalmente establecidos”, sostuvo.

Frente a la violación de topes de campaña, el abogado manifestó: “No hubo ninguna violación de topes y de ahí entonces decaería toda la tesis de la Fiscalía, porque lo que se hizo fue un gasto juicioso, organizado y estructurado mediante protocolos y manuales previamente establecidos para evitar cualquier riesgo legal de este tipo”.
Por qué es investigado Ricardo Roa
El proceso, formalizado el 9 de febrero de 2026, no solo expone la complejidad de la financiación electoral, sino que impulsa un debate sobre el futuro de la gestión empresarial en el país ante la posible privación de la libertad del directivo, según reveló el delegado contra la criminalidad organizada Raúl Humberto Gonzalez Flechas.
Según la investigación adelanatada por el ente acusatorio, Ricardo Roa fue acusado por dos casos en particular: violación de topes electorales y tráfico de influencias.
En el primer caso, el expediente da cuenta de que la campaña presidencial superó el límite en 5.300 millones de pesos, con 3.700 millones correspondientes a la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda. Estos valores fueron determinados por una investigación conjunta de Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, ambos magistrados del Consejo Nacional Electoral, y luego remitidos a la Fiscalía.
“Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”, explicó el delegado.
En paralelo, la investigación identifica un posible tráfico de influencias relacionado con Juan Guillermo Mancera, quien resultó adjudicado con un contrato por parte de Ecopetrol tras haber participado previamente en la venta del apartamento a Roa.
Este caso hace referencia a la adquisición por parte de Roa de un penthouse en Bogotá en diciembre de 2022, valorado en 1.800 millones de pesos, cifra inferior al precio de mercado.
El contraste resulta evidente cuando se compara con la venta previa de un apartamento de la mitad del tamaño en el mismo edificio por 1.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el vendedor del inmueble fue Princeton International, vinculada al empresario del sector petrolero Serafino Iácono. Roa, en su interrogatorio, manifestó que desconocía la identidad del vendedor durante la compra.

Con este auto, Roa se convierte en el primer funcionario de alto nivel citado por la justicia derivado de los comicios que llevaron a Petro al poder. La Fiscalía subrayó que la imputación no incluye medida de aseguramiento inmediata y que corresponde a los jurados fijar la fecha para la audiencia de formulación de cargos.
“Los fiscales encargados de cada uno de los casos consideran que tienen los elementos suficientes para, eh, generar esta solicitud y hacer la imputación de cargos, que, pues tendrá su desarrollo procesal normal (...) estos tipos penales tienen una sanción punitiva, como cualquier tipo penal, en este caso de privación de la libertad. Ya, pues eso nos determinará cuáles serán las consecuencias, de hallarse responsable ya judicialmente”, puntualizó Gonzalez Flechas.
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