Pinchazo para Lucho Herrera: renunció su abogado defensor y ya hay fecha para su audiencia por caso de desaparición y asesinato de campesinos

Para el 20 de febrero de 2026, quedó reprogramada la diligencia de indagatoria contra el exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera Herrera y su hermano Rafael Herrera Herrera, por su presunta responsabilidad en la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca.

La decisión se produjo luego de que el campeón de la Vuelta a España 1987 mencionara que Hernando Benavides renunciara como abogado defensor de los hermanos Herrera, por lo que solicitó el aplazamiento del mismo.

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Incluso, en la audiencia de imputación, se notificó la inasistencia de los hoy procesados. “Nos encontramos con la penosa noticia que, por alguna razón que no la tenemos clara, se había presentado alguna situación de última hora con los señores Herrera”, dijo uno de los familiares de las víctimas.

Antes de desistir como defensa del exdeportista, el jurista afirmó que él había exigido la apertura formal de la investigación por parte de la Fiscalía contra su defendido.

“En el mes de diciembre, antes del cierre de los juzgados, la indagatoria fue solicitada por nosotros (...) Lucho Herrera y su hermano Rafael son totalmente ajenos a eso”, mencionó Benavides en diálogo con Noticias Uno.

Además, el abogado señaló que hay inconsistencias entre la declaración de uno de los exparamilitares con lo expuesto en la apertura de la investigación por parte del ente acusatorio. “Si el declarante afirmó bajo juramento que llegó a Fusagasugá en 2003 (lo dice en la sentencia), resulta incongruente que su relato sea tenido como prueba directa, y mucho menos como columna vertebral del fallo y compulsa copias al respecto”, manifestó al citado noticiero nacional.

La ausencia de defensa legal dejó a Rafael Herrera sin posibilidad de comparecer, lo que hizo imposible continuar con el trámite judicial previsto. Por su parte, la queja de la defensa de Luis Alberto busca que la segunda instancia revalúe la decisión de citarlo, lo que agrega un nuevo obstáculo al proceso.

Entre tanto, familiares de las víctimas reiteran a las autoridades judiciales que haya justicia por lo sucedido. “Queremos saber la verdad, que es lo que toda la familia y las familias queremos, por qué lo hicieron, y quiénes fueron los que pagaron porque le hicieran esta salvedad a estas cuatro personas que no merecían que hicieran eso”, expresó uno de los familiares al medio citado.

El proceso tomó un nuevo impulso luego de que el Juzgado Cuarto Penal de Fusagasugá compulsara copias del expediente al órgano investigador, reacción que, según la Fiscalía, culminó en la citación de los hermanos Herrera a diligencia de indagatoria.

Cronología del caso

El expediente judicial documenta que el 23 de octubre de 2002, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, Diuviseldo Torres Vega, Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez fueron interceptados y desaparecidos por hombres armados de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

Conforme a sentencias de Justicia y Paz y a testimonios divulgados por Noticias Uno, los exparamilitares Luis Fernando Gómez Flórez (alias Ojitos) y Óscar Andrés Huertas (alias Menudencias) informaron a las autoridades que Herrera habría entregado la identidad de los desaparecidos, identificándolos como presuntos colaboradores de la entonces guerrilla de las Farc.

El relato de los procesados añade que la motivación real detrás de los hechos estaba asociada al control de la tierra, por cuanto las víctimas se rehusaron a vender sus parcelas, que colindaban con predios de la familia Herrera.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera”, puntualizó la Fiscalía.

Gómez Flórez detalló que, tras una reunión con Herrera, el jefe paramilitar Martín Llanos autorizó la acción al disponer que “ayuden al ciclista en lo que él quisiera”. Según Huertas, los cuerpos habrían sido enterrados en una finca sobre la vía Novilleros a La Aguadita, ubicada en el área rural de Fusagasugá.

Las declaraciones de los exparamilitares incluyeron la entrega por parte de Herrera de dinero y fotografías de las víctimas para facilitar la acción criminal. Alias Ojitos aseguró que después llegó a conocer que las personas asesinadas no tenían vínculos reales con grupos armados y que su negativa a negociar sus tierras fue la razón de fondo para el crimen.

En respuesta, el exciclista colombiano negó tajantemente cualquier relación con actividades delictivas. En audiencia realizada el 5 de junio de 2025, expuso ante la Fiscalía General de la Nación que fue víctima de extorsión por parte de los paramilitares.

“Me dijo que, si usted no quiere quedar implicado, ellos me pueden sacar”, explicó el exdeportista, añadiendo que entregó 10 millones de pesos en efectivo a un sujeto que se presentó como miembro de las Autodefensas del Casanare para evitar verse involucrado.

Adicionalmente, la Fiscalía señaló que Rafael Herrera enfrenta otro cargo independiente: acceso carnal violento relacionado con el abuso a una menor de edad, situación surgida en el marco de la misma investigación penal