Avanzan diálogos de paz entre Gobierno Petro y grupos criminales de Quibdó: a qué acuerdos llegaron

Culminó el tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y los grupos armados denominados Los Mexicanos, Los RPS y Los Locos Yam en la ciudad de Quibdó, donde se estableció un nuevo compromiso para el cese de la violencia y la protección del proceso electoral.

De acuerdo con la Consejería Comisionada de Paz, el acuerdo busca garantizar que las próximas elecciones en la capital del departamento de Chocó se desarrollen sin presencia ni presión de actores armados sobre votantes y candidatos.

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La clausura del ciclo incluyó la ratificación de acuerdos enfocados en reducir la violencia urbana y resguardar a las comunidades en mayor vulnerabilidad.

Entre tanto, los grupos armados reafirmaron su promesa explícita de cesar las acciones violentas contra la población y de respaldar la seguridad de los candidatos al Congreso y a las Juntas de Acción Comunal (JAC).

La Consejería refrendó la importancia de estos acuerdos, poniendo el énfasis en la protección de los sectores más expuestos y en el respeto a la labor tanto de la Fuerza Pública como de las autoridades administrativas y judiciales del territorio.

En el ámbito electoral, las estructuras armadas admitieron que no buscarán intervenir de forma violenta ni influir en el desarrollo del proceso electoral.

“Las estructuras reafirmaron su compromiso de no ejercer violencias en el contexto de los próximos procesos electorales, tanto para las elecciones al Congreso de la República —en atención a la Alerta Temprana No. 13— como para las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, fortaleciendo así las garantías para el ejercicio democrático en la ciudad”, señaló la entidad en un comunicado.

Alexander Castillo, coordinador del espacio socio jurídico entre el Ejecutivo y las organizaciones ilegales, explicó que el avance más relevante es “anclar la construcción de paz directamente al territorio”, con un modelo de gobernanza horizontal que integre activamente a comunidades, instituciones estatales y actores locales. Este modelo, según Castillo, aspira a evitar retrocesos y consolidar la sostenibilidad del proceso de paz urbana.

“Estos compromisos se articulan con acciones del Gobierno nacional orientadas al desescalamiento de la violencia a través de pilotajes de seguridad en distintos barrios de Quibdó, así como con iniciativas de transformación territorial que incluyen proyectos de inversión dirigidos a sustituir rentas criminales y a fortalecer economías legales, como base para la transición al Estado de derecho”, recalcó la Consejería.

Así mismo, el Gobierno afirmó que este enfoque se concreta a través de acciones promovidas como inversiones sociales destinadas a reemplazar economías ilegales por actividades lícitas y la implementación de estrategias para el desescalamiento de la violencia con proyectos piloto de seguridad en los barrios de la capital chocoana.

Pese a los avances, Castillo advirtió que aún existen desafíos persistentes, ya que el proceso aún no cuenta con un marco jurídico que regule el pleno sometimiento de los grupos armados, lo que representa una incertidumbre para la continuidad y la efectividad de lo pactado.

“Los avances alcanzados durante este Tercer Ciclo sientan las bases de un proceso de construcción de paz urbana serio, con método y enfoque territorial que apuesta por la irreversibilidad, en línea con los planteamientos de la Consejería Comisionada de Paz”, puntualizó el coordinador del espacio.

Problemas en el proceso de paz urbana en Medellín

Aunque hay avances en la mesa de diálogos con las estructuras criminales en Quibdó, existe preocupación en Medellín, debido a la renuncia irrevocable de Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como alias Carlos Pesebre, como vocero principal en el espacio de diálogo socio jurídico en la cárcel La Paz de Itagüí.

En una carta fechada el 31 de enero de 2026 y dirigida al consejero del comisionado para La Paz, Otty Patiño, el ahora exvocero argumentó que el proceso de diálogo atraviesa un estancamiento. “Las expectativas creadas en las comunidades no fueron respaldadas con garantías reales”, explicó ‘Carlos Pesebre’ en una misiva revelada por la concejala local Claudia Carrasquilla, señalando la improvisación y la falta de apoyos sólidos como causas de su dimisión.

El documento en cuestión denuncia que las condiciones prometidas a los participantes y a las comunidades involucradas no se materializaron en garantías efectivas, lo que alimentó el desencanto de los actores del proceso.

Además, Ramírez García, que participó en el denominado “tarimazo” realizado el 21 de junio de 2025, dejó constancia en su misiva de que el diálogo no logró avanzar hacia soluciones concretas para la situación de seguridad y justicia en el entorno carcelario y barrial.

Frente a esta situación, tanto la fiscalía como los organismos de control recibieron solicitudes de distintos sectores para que examinen las denuncias presentadas y realicen una evaluación exhaustiva de los riesgos derivados, en especial ante la posibilidad de alteraciones en el panorama criminal del Valle de Aburrá.