La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) realizó una visita de inspección a la hidroeléctrica de Urrá y sus zonas aledañas, en Tierralta, Córdoba, luego de órdenes emitidas por el presidente Gustavo Petro para investigar las causas de las inundaciones registradas en varias regiones del país.
Durante la inspección, el superintendente Felipe Durán Carrón recopiló información detallada sobre la operación del embalse, la generación de energía, los precios de ofertas en la bolsa de energía, entre otros asuntos.
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El superintendente explicó que la visita se realiza “en el marco de las inundaciones que se han presentado en algunos municipios aledaños al río Sinú”, con el fin de recopilar información sobre las condiciones operativas de la represa, sobre la generación de energía y sobre la oferta de precios en la bolsa de energía“. Además, destacó que se evalúa “la activación y los protocolos del plan de gestión de desastres de la empresa Urrá con respecto a las inundaciones y con respecto a lo que se está presentando en este momento”.
Durán Carrón agregó que esta supervisión “la venimos realizando en diferentes empresas generadoras de energía, con el ánimo de revisar si se está realizando una gestión eficiente de los embalses”. Asimismo, indicó que el propósito es garantizar precios eficientes a los usuarios finales de los servicios públicos de energía y revisar los protocolos de prevención del riesgo de desastres en el marco de la variabilidad climática.
Evaluación de operación y protocolos de emergencia
Durante la visita, el superintendente explicó que la Superservicios solicitó información sobre varios aspectos operativos de la hidroeléctrica. Entre ellos, la operación del embalse, los volúmenes de vertimiento de agua, la generación de energía, los precios y ofertas en bolsa y la activación de los protocolos del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Según Durán Carrón, estos datos permitirán determinar si la empresa está cumpliendo con los estándares de seguridad y si su gestión es eficiente en el marco de la variabilidad climática.
Lo anterior, dado que las autoridades de gestión del riesgo han reportado que un frente frío y fenómenos asociados afectaron a más de 52.000 familias y provocaron la inundación de más de 35.000 hectáreas en Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar, generando daños en viviendas y medios de subsistencia. La inspección de la Superservicios forma parte de un seguimiento nacional sobre las condiciones de seguridad y la operatividad de las hidroeléctricas ante fenómenos climáticos extremos.
Orden presidencial en medio de la emergencia
El anuncio de la inspección se realizó luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara investigar las causas de las inundaciones, indicando que estos eventos tendrían dos orígenes distintos: fenómenos climáticos y posibles irregularidades en el manejo de represas. En su mensaje, el mandatario explicó que las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar respondían a “la crisis climática imprevisible que trajo un frente frío ártico”, cuyos efectos se sentirían especialmente en el nordeste y oriente antioqueño.
El presidente señaló además que algunas represas estaban “súper llenas” y operaban al límite de su capacidad, lo que habría derivado en descargas masivas de agua. Según Petro, estas descargas “botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo”, provocando pérdidas de vidas, bienes y energía potencial que podría haberse utilizado para sustituir fuentes térmicas más costosas. El mandatario agregó que la investigación busca aclarar la planificación energética, la importación de gas y los contratos de venta de energía relacionados con los niveles de almacenamiento de los embalses.
Un día antes de estas declaraciones, el viernes 6 de febrero, el presidente anunció que declarará una nueva emergencia económica, social y ecológica para atender los efectos de la crisis climática, medida que reactivó el debate sobre el uso de estados de excepción dentro de la administración pública.
Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos indicó que continuará evaluando el cumplimiento normativo, regulatorio y de gestión del riesgo en las hidroeléctricas del país. El objetivo es garantizar la seguridad de las comunidades, la continuidad del servicio de energía y la eficiencia en los precios para los usuarios.
Los informes de la inspección de Urrá se sumarán a los análisis de otras generadoras de energía, con el fin de tomar decisiones sobre prevención de desastres y planificación de los embalses frente a eventos climáticos extremos.
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