El presidente Gustavo Petro anunció la apertura de investigaciones para establecer las causas de las inundaciones registradas en departamentos del Caribe y el noroccidente colombiano, al señalar que estos hechos tendrían dos orígenes distintos relacionados con fenómenos climáticos y con la gestión de embalses.
La instrucción fue comunicada el sábado 7 de febrero a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también cuestionó decisiones de operación en infraestructuras hidroeléctricas.
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En su mensaje, el jefe de Estado indicó que las inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar responderían, por un lado, a “la crisis climática imprevisible que trajo un frente frío ártico”, cuyos efectos finales —según advirtió— se sentirían especialmente en el nordeste y oriente antioqueño. Por otro lado, mencionó un posible manejo irregular de represas que se encontraban en niveles elevados mientras el país enfrentaba advertencias sobre escasez de gas.
Cuestionamientos al manejo de embalses
El mandatario sostuvo que las represas estaban “súper llenas” y que algunas operaban al límite de su capacidad, lo que habría derivado en descargas masivas de agua. Según su publicación, “botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo”, situación que, afirmó, habría provocado pérdidas de vidas, bienes y energía potencial que pudo haberse utilizado para sustituir fuentes térmicas más costosas.
Dentro de sus señalamientos, Petro planteó interrogantes sobre la planificación energética y la importación de gas, así como sobre eventuales contratos de venta de energía vinculados a esos niveles de almacenamiento. También indicó que ordenó a las superintendencias realizar una investigación inmediata y presentar un informe sobre lo ocurrido.
En relación con la hidroeléctrica Urrá, el presidente aseguró que su gerente mantuvo durante el 27% de los días de los dos últimos meses niveles superiores a los permitidos y afirmó que “debe renunciar ya”. Además, pidió un pronunciamiento de la asociación de generadores de energía y cuestionó la actuación del gremio frente a las consecuencias del desastre. En ese contexto concluyó: “Lo que vemos en el Caribe es un delito ambiental”.
Sobre la declaración de una nueva emergencia
Un día antes de estas declaraciones, el viernes 6 de febrero, el presidente anunció que declarará una nueva emergencia económica, social y ecológica con el propósito de atender los efectos de la crisis climática que afecta a distintas regiones del país. La decisión reactivó el debate político sobre el uso de estados de excepción dentro de la administración pública.
De acuerdo con autoridades de gestión del riesgo, un frente frío y fenómenos asociados han impactado a más de 52.000 familias y provocado la inundación de más de 35.000 hectáreas en zonas de Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar, con daños en viviendas y medios de subsistencia.
El mandatario reportó en su cuenta oficial que “hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 personas afectadas”, y añadió que organismos internacionales habían advertido riesgo de hambre en algunos territorios debido a la situación climática.
En su comunicación pública, Petro describió los eventos como manifestaciones extraordinarias e impredecibles, y sostuvo que la declaratoria de emergencia permitiría destinar recursos considerados necesarios para la mitigación de los impactos: “Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte”, señaló.
La solicitud de una nueva emergencia se produce en medio de la controversia institucional generada por medidas adoptadas por el Gobierno en meses recientes. En diciembre de 2025, el Ejecutivo expidió el Decreto 1390, mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días para enfrentar un déficit fiscal estimado en 16,3 billones de pesos tras el rechazo legislativo a una reforma tributaria destinada a financiar el presupuesto de 2026.
Esa declaratoria facultaba al Gobierno para emitir decretos con fuerza de ley, incluidos ajustes tributarios y presupuestales. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió temporalmente la medida al considerar que existían dudas sobre si las condiciones descritas constituían hechos sobrevinientes que justificaran el uso de un estado de excepción.
Mientras avanzan las investigaciones ordenadas y se mantiene el debate jurídico sobre la emergencia, las autoridades continúan atendiendo a la población afectada por las inundaciones y evaluando los impactos humanitarios, ambientales y económicos derivados de los eventos recientes.
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