Las fuertes lluvias que azotan a Colombia, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, han provocado una grave emergencia humanitaria que deja, hasta el momento, al menos 14 personas muertas, cerca de 9.000 viviendas destruidas y alrededor de 50.000 familias afectadas.
Ante la magnitud del desastre, el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno avanzará en la declaratoria de una nueva emergencia económica, ambiental y social para atender la crisis y financiar la recuperación de los territorios impactados.
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La situación fue analizada durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por el mandatario este 7 de febrero, en la que se expusieron los efectos de un fenómeno climático calificado como atípico.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), las lluvias han generado más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, con afectación directa a más de 43.900 familias y la inundación de al menos 35.000 hectáreas de cultivos.
Córdoba concentra el mayor impacto de la emergencia, con más de 33.000 familias damnificadas por desbordamientos de ríos, inundaciones prolongadas y daños severos en viviendas e infraestructura rural. En Sucre, aunque en menor proporción, también se reportan comunidades incomunicadas, pérdidas agrícolas y afectaciones en vías terciarias, lo que dificulta la atención oportuna a la población.
El presidente Petro resumió la gravedad del panorama en su cuenta de X tras el consejo extraordinario: “Hay 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 personas comprometidas”, cifras que, según el Gobierno, evidencian que la emergencia supera la capacidad ordinaria de respuesta del Estado.
Las autoridades explicaron que el episodio está asociado a varios frentes fríos provenientes del hemisferio norte que ingresaron al mar Caribe a finales de enero, alterando los patrones climáticos habituales de la región. Este fenómeno ha generado lluvias intensas en plena temporada seca, una situación sin precedentes recientes en el Caribe colombiano.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que un nuevo frente frío, de origen ártico, llegará al país durante el fin de semana y mantendrá lluvias y vientos fuertes al menos hasta el 9 de febrero, aumentando el riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos.
En respuesta a la emergencia, la Ungrd informó que se han desplegado 21 operaciones de asistencia humanitaria y que, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, se han realizado 20 vuelos para transportar cerca de 30 toneladas de ayuda a las zonas más afectadas.
En los territorios golpeados se han distribuido aproximadamente 13.000 kits de emergencia con alimentos, agua potable y elementos básicos, mientras se mantiene la coordinación de unas 600 unidades operativas de la Defensa Civil, la Cruz Roja, las Fuerzas Militares y otras entidades.
Además de la tragedia humana, el impacto sobre el sector agrícola es considerable. Miles de hectáreas de cultivos permanecen bajo el agua, con pérdidas significativas en producción y deterioro en la calidad del grano, lo que amenaza los ingresos de pequeños productores y eleva el riesgo de inseguridad alimentaria en la región.
Esta situación coincide con advertencias previas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el aumento del hambre en Córdoba y Sucre como consecuencia de la crisis climática.
El presidente Petro aseguró que la gravedad del episodio obedece a una combinación de factores, entre ellos el cambio climático, la mala gestión de embalses y problemas estructurales en el ordenamiento del territorio.
“Se ha producido cantidades de lluvia sin recuerdo estadístico en la región”, afirmó el mandatario, al tiempo que anunció medidas adicionales para mitigar el impacto de las inundaciones.
Entre ellas, destacó la intervención del Ejército para derribar diques que impiden el flujo natural del agua y la restitución de tierras ocupadas ilegalmente en ciénagas y caños del bajo Sinú.
El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres recomendó formalmente la declaratoria de la emergencia económica, con el fin de habilitar recursos extraordinarios y agilizar las decisiones administrativas necesarias para atender la crisis y avanzar en la reconstrucción
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