La multinacional china Power China, mencionada en denuncias por presuntas irregularidades en proyectos hidroeléctricos como Urrá, volvió a quedar bajo el escrutinio de los organismos de control tras participar en uno de los contratos más grandes y polémicos del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
La firma asiática integra el Consorcio CYS, al que Empresas Públicas de Medellín (EPM) adjudicó en 2023 las obras de las unidades generadoras 5 a 8, en un proceso que hoy es investigado por la Contraloría General de Antioquia por un presunto detrimento patrimonial.
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El contrato, cuyo valor inicial se estimaba en 410 mil millones de pesos, terminó incrementándose a más de 900 mil millones, e incluso superó el billón de pesos, según documentación oficial conocida durante el proceso.
Este salto presupuestal encendió las alarmas del ente de control departamental, que abrió una indagación para determinar la legalidad del cambio de contratista y el impacto fiscal de la decisión adoptada durante la administración del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, quien presidía la junta directiva de EPM y hoy es aspirante presidencial.
La adjudicación se realizó al Consorcio CYS, integrado por Yellow River CO., LTD Sucursal Colombia, filial de Power China, y la empresa colombiana Schrader Camargo S.A.S. La investigación fiscal se originó tras una denuncia ciudadana que cuestionó la forma en que se gestionaron las nuevas contrataciones del megaproyecto energético más importante de Antioquia.
Según información remitida por Schrader Camargo al diario El Tiempo, EPM notificó que el valor total de la adjudicación alcanzó 1 billón 75 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución de tres años. No obstante, el contraste con el presupuesto inicial ha reavivado cuestionamientos sobre la planeación del proyecto y el manejo de los recursos públicos.
El origen de la controversia se remonta a 2023, cuando EPM decidió poner fin a la relación contractual con el consorcio que ejecutaba las obras civiles de Hidroituango desde 2011.
De acuerdo con Hidroituango S.A., la terminación se produjo tras el vencimiento del plazo contractual y luego de que el antiguo contratista se negara a continuar las obras pendientes bajo un nuevo esquema de remuneración por precios unitarios, modalidad que, según EPM, permitiría una mayor eficiencia financiera.
Sin embargo, la propia Hidroituango S.A. reconoció que, desde el momento en que tuvo conocimiento de la decisión de reemplazar al contratista, envió alertas y comunicaciones formales a EPM advirtiendo sobre posibles retrasos y consecuencias técnicas y financieras para la obra, advertencias que hoy cobran relevancia en medio del escrutinio fiscal.
Más allá de Hidroituango, la presencia de Power China ha reavivado viejas controversias. Desde su llegada a Colombia en 2016, la multinacional ha acumulado contratos de alto valor, posicionándose como un actor relevante en sectores estratégicos como la infraestructura hospitalaria y la generación de energía solar.
Sin embargo, varios de estos proyectos registran retrasos significativos, disputas contractuales y solicitudes reiteradas de prórrogas, lo que ha generado incertidumbre sobre su culminación y ha impactado la entrega oportuna de servicios esenciales a la población.
De acuerdo con Las2Orillas, uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital de Usme, en Bogotá. Aunque Power China se comprometió con el alcalde Carlos Fernando Galán a entregar la obra el 30 de agosto de 2024, posteriormente cambió a los contratistas y solicitó una ampliación del plazo hasta marzo de 2025.
La modificación alteró el cronograma original y, a la fecha, el hospital continúa inconcluso. El primer contrato obtenido por la empresa tras iniciar operaciones en el país fue la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, por cerca de $200 mil millones, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Bogotá.
Una situación similar se presentó en el Parque Solar Urrá, ubicado en Tierralta, Córdoba. El proyecto fue adjudicado en octubre de 2021 por $76 mil millones al Consorcio Lux Power, integrado por Luxim Colombia y Power China, con una fecha de entrega inicialmente prevista para julio de 2023.
En este caso, denuncias conocidas en 2022 señalaron que personas cercanas a la Casa de Nariño y a Ecopetrol habrían ejercido presuntas presiones para favorecer al consorcio en el que participaba la firma asiática, señalamientos que incrementaron la controversia alrededor del proyecto y su ejecución.
Sin embargo, la obra estuvo paralizada durante largos periodos y acumuló retrasos significativos. Finalmente, el parque fue puesto en operación solo hasta diciembre de 2025, lo que representó un incumplimiento de más de dos años frente al cronograma inicial.
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